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La Internacional Villahermosa

Tabasco

Respaldan ingenieros civiles restricción de paso a unidades pesadas

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20 de agosto de 2018.- El Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco (CICT) respaldó la decisión que tomaron las autoridades de Protección Civil estatal y municipal para restringir el paso de vehículos de más de 5 toneladas sobre los puentes en Tabasco frente al Palacio de Gobierno municipal, pero recordó que el organismo que preside desde hace cuatro años emitió la alerta sobre los riesgos que presentan.

Indicó, además que la alcaldía de Centro actúa responsablemente tomando esa decisión ya que evita mandar un mensaje equivocado a la ciudadanía.

El riesgo en los puentes, aceptó, sí existe, pero con las medidas adecuadas como la de restringir la circulación, es controlable.

Bajo esas condiciones, remarcó, esas estructuras pueden seguir en servicio para la ciudadanía en tanto se define qué acciones finales serán aplicadas.

Sin embargo, aclaró, corresponderá a la administración municipal entrante, que presidirá Evaristo Hernández Cruz, la que tome la decisión con base en una adecuada programación y “presupuestación”.

Y es que, argumentó, la reparación o construcción de una nueva estructura ya está fuera del alcance de la actual administración municipal por el hecho de que “no hay tiempo”.

“Lo que están haciendo es adecuado: ser responsables en cuanto al uso que se le debe dar a la instalación y no alarmar a la población”, sostuvo.

— ¿Cuánto podría aguantar la estructura?

— Bueno, no tenemos una bolita mágica para decir eso, pero sí se está tomando la precaución de acotar la circulación con el peso de los vehículos que transitan; eso nos va a dar seguridad y de darle el uso adecuado a estos puentes.

— ¿Desde cuándo emitió la alerta el CICT?

— Desde el 2014 hubo un primer aviso; ya fueron cuatro años y hasta ahora se toman las medidas.

 

Luis M. Sánchez/NoticiasSinReservas

 

Tabasco

Reprueba Congreso cuentas públicas 2024 de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso por graves irregularidades

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La Comisión de Auditoría Gubernamental detectó observaciones millonarias no solventadas; los exalcaldes Abraham “Chelo” Cano, Nuris López y Ana Luisa Castellanos, en la mira del OSFE.

Villahermosa, Tabasco.– La Comisión Ordinaria de Auditoría Gubernamental y Cuentas Públicas del Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas 2024 de los municipios de Cunduacán, Jalpa de Méndez y Paraíso, tras detectar graves observaciones señaladas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que no fueron solventadas.

Los municipios señalados fueron encabezados ese año por Abraham “Chelo” Cano González (independiente, Cunduacán), Nuris López Sánchez (Morena, Jalpa de Méndez) y Ana Luisa Castellanos (PRD, Paraíso), quienes ahora enfrentan posibles sanciones administrativas o denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el organismo fiscalizador, los pendientes por aclarar ascienden a:

Paraíso: 105 millones 377 mil 497 pesos.

Cunduacán: 41 millones 088 mil 952 pesos

Jalpa de Méndez: 66 millones 661 mil 607 pesos

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Bracamonte, aclaró que las reprobaciones obedecen a criterios técnicos del OSFE y “no a decisiones políticas”. Añadió que el pleno del Congreso votará el próximo jueves las cuentas públicas de los tres poderes del Estado y de los 17 municipios, donde se prevé ratificar los dictámenes negativos contra los tres ayuntamientos.

En la misma sesión, la Comisión aprobó las cuentas 2024 del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos como el IEPCT, el Tribunal Electoral, la CETAI, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa. También fueron aprobadas las cuentas de los municipios de Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

Bracamonte precisó que, en caso de ratificarse las reprobaciones en el pleno, el OSFE será el encargado de aplicar sanciones y, en su caso, presentar denuncias formales ante la Fiscalía estatal por presunto daño al erario.

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