Internacionales
Corte de Apelaciones rechaza recurso de Trump en juicio por difamación

Un tribunal de Apelaciones de Washington rechazó el recurso presentado por el expresidente de EU, Donald Trump (2017-2021), por el que pretendía librarse del juicio por difamación a la periodista E. Jean Carroll, que lo acusa de haberla violado hace 30 años.
Trump había presentado dicho recurso alegando estar protegido por la inmunidad presidencial, ya que las declaraciones que hizo contra Carroll tuvieron lugar cuando aún era mandatario.
El tribunal de Apelaciones de Washington, que tiene jurisdicción sobre los empleados federales, ha rechazado responder a tal reclamo, según informaron los medios estadounidenses.
“Nunca hemos adoptado una decisión determinando que cierto tipo de conducta está de por sí dentro o fuera del ámbito de su empleo, y declinamos hacerlo en este caso”, dijo el tribunal, que devolvió el asunto a la corte neoyorquina.
El tribunal de Nueva York que juzga este caso había suspendido temporalmente el juicio a la espera de la decisión en Washington.
La periodista, de 79 años, mantiene esta batalla legal por difamación después de que el expresidente negara haberla violado y hubiera pronunciado lo que considera “falsas acusaciones” sobre ella tras publicar en 2019 su relato del alegado incidente en un libro y en el artículo de una revista.
A esa demanda se suma otra por la presunta violación, que Carroll interpuso el pasado noviembre cuando entró en vigor la nueva Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que abre un periodo de un año en el estado para buscar justicia por delitos sexuales hasta ahora prescritos.
El juez neoyorquino aún debe decir si juntará en una sola causa las dos demandas que Carroll ha presentado contra Trump.
Internacionales
Congreso de Perú aprueba informe que acusa a Pedro Castillo por actos de corrupción

El pleno del Congreso de Perú aprobó un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.
El informe final de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo sustentó y recomendó formular acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.
La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal, liderada por Castillo, según indicó el Congreso en Twitter.
Los delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.
A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.
El exmandatario fue detenido minutos más tarde de su anuncio de un “autogolpe” y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde el mandatario de ese país les dio asilo.
Precisamente, este jueves, la Fiscalía indicó que Lilia Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar en una organización criminal al interior del Gobierno de Perú.
“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García al exponer durante una audiencia judicial para pedir su detención preventiva.
Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la ex primera dama ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.