Personal académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cerraron filas en contra de José Antonio Romero Tellaeche, actual director interino del instituto, y se unieron a las protestas en su contra al denunciar hostigamiento laboral por parte de su administración e irregularidades en sus pagos y en el cumplimiento de su contrato colectivo.

Así lo dio a conocer la Asamblea Académica permanente del CIDE al publicar un pliego petitorio en el que piden al próximo director general del Centro respeto y la garantía de los derechos, así como la integridad de los estudiantes en todo momento por parte de autoridades federales, de la Ciudad de México y de Aguascalientes.

De acuerdo con el documento, la motivación de estas exigencias es debido a que las decisiones del actual director interino del CIDE “han puesto en duda la libertad de expresión de la comunidad académica, han impedido el funcionamiento adecuado de los órganos colegiados y han incumplido los estatutos y reglamentos de la institución”.

Por ello, y ante el “inminente nombramiento de un nuevo director general”, el personal académico del CIDE se pronunció para exigir también “el respeto irrestricto a la libertad de cátedra, investigación y de expresión”, el nombramiento de una nueva secretaría académica a la brevedad y el establecimiento de un nuevo diálogo con estudiantes y académicos.

El pronunciamiento se da unas horas después de que se diera a conocer que, por primera vez en su historia, estudiantes del CIDE alistan un paro indefinido que será acompañado por la toma de las instalaciones a partir del próximo lunes 29 de noviembre.

Este nuevo pliego petitorio de los académicos se suma al que la semana pasada en el que la comunidad estudiantil se unió para exigir la inmediata destitución de Romero, así como su remoción como candidato a ocupar la dirección general de manera permanente, cambio que ocurrirá el próximo 29 de noviembre también.

En este nuevo documento los académicos aseguran: “Estamos convencidos de que el CIDE, como todos los centros públicos de investigación, requiere certidumbre en las reglas y un ambiente de respeto, inclusión y no discriminación. Sabemos que la labor académica sólo puede realizarse con autonomía del poder político y con el reconocimiento del estatus administrativo específico de los investigadores de las instituciones públicas”.