Después de más de 12 años, 9 meses y 27 días privado de la libertad, Tomás Gabriel Crisanto, indígena otomí originario de Temoaya, recuperó su libertad tras la aplicación de una amnistía, en un caso marcado por graves violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso.

Tomás Gabriel Crisanto fue detenido y posteriormente sentenciado en 2014 a más de 43 años de prisión por el delito de homicidio, permaneciendo recluido en el penal de Santiaguito. Durante su proceso judicial, no contó con un intérprete, a pesar de autoadscribirse como indígena, ni con una defensa adecuada con enfoque intercultural, lo que vulneró de manera directa sus garantías legales.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) acreditó diversas irregularidades, entre ellas la omisión de su contexto de pobreza, marginación y pertenencia indígena, elementos que debieron ser considerados por las autoridades judiciales desde el inicio del proceso. Estas fallas fueron determinantes para que se reconociera la procedencia de la amnistía.

Para lograr su liberación, la familia de Tomás tuvo que cubrir un pago de 660 mil pesos por concepto de reparación del daño. De esta cantidad, 300 mil pesos fueron aportados por el Poder Judicial, mientras que los 360 mil restantes fueron reunidos por su esposa, Carmela Flores, quien se vio obligada a empeñar y vender sus bienes, hasta perder su vivienda, con el objetivo de obtener la libertad de su esposo.

El encarcelamiento injusto dejó secuelas profundas en su familia, incluyendo la muerte de su hija de 26 años, quien estudiaba la carrera de Derecho con la esperanza de algún día poder defender legalmente a su padre. Este hecho fue señalado por colectivos y defensores de derechos humanos como una de las consecuencias más dolorosas del prolongado proceso judicial.

La amnistía se concretó tras **protestas públicas y la presión del colectivo Haz Valer Mi Libertad, así como la intervención de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México, instancia que finalmente hizo efectiva la resolución.

La liberación de Tomás Gabriel Crisanto ocurrió el 17 de febrero de 2026, convirtiéndose en un caso emblemático de justicia tardía, que evidencia la necesidad de fortalecer el acceso a una justicia con perspectiva intercultural y el respeto pleno a los derechos de los pueblos originarios en el sistema judicial mexicano.