La audiencia de Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo delictivo La Barredora, se llevó a cabo la mañana de este 23 de diciembre de manera virtual y bajo un estricto cerco informativo, luego de que venciera el plazo de investigación complementaria solicitado previamente por la Fiscalía General del Estado.

La diligencia inició alrededor de las 10:00 horas en la sala de juicios orales región 9 del Poder Judicial de Tabasco, sin acceso para medios de comunicación, por instrucciones directas de la administración de los juzgados.

Juicio podría definirse hasta marzo de 2026

A petición de la Fiscalía General de Tabasco, el juez Ramón Brown autorizó una ampliación de tres meses adicionales para que el Ministerio Público concluya la integración de la carpeta de investigación.

Con esta decisión, se aplazó el inicio de la etapa intermedia del proceso penal que enfrenta Bermúdez Requena, acusado de secuestro, extorsión y asociación delictuosa. El nuevo plazo vence en marzo de 2026, fecha en la que la Fiscalía deberá presentar formalmente su acusación por escrito, debatir las pruebas y definir cuándo iniciará el juicio.

Comparecencia totalmente virtual

La audiencia estaba programada para celebrarse vía teleconferencia, luego de agotarse el plazo anterior de tres meses concedido a la Fiscalía para la investigación complementaria. Todas las partes involucradas —Ministerio Público, defensa y autoridades judiciales— comparecieron de forma remota.

Cuestionan falta de publicidad en las audiencias

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la intención de las autoridades estatales de mantener en reserva todo lo relacionado con esta audiencia. Hasta el momento, la Fiscalía del estado y el Tribunal Superior de Justicia no han aclarado quién debe autorizar el acceso a los reporteros, pese a que la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que las audiencias deben ser públicas.

Desde el inicio de la actual administración, diversas organizaciones y periodistas han denunciado que los procesos judiciales locales se realizan en secreto, sin respetar el principio de publicidad, uno de los pilares del sistema penal acusatorio.