Internacionales
Haitianos pagan más de 20 mil pesos para casarse con mexicanas y legalizar estancia

Los matrimonios entre mexicanas y haitianos vienen en aumento; los extranjeros pagan más de 20 mil pesos para obtener un documento que regularice su estancia en México y así poder llegar a la frontera norte con esperanza de cruzar hacia Estados Unidos.
De acuerdo con datos de las oficinas del Registro Civil de Chiapas, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y Guanajuato, del 1 de septiembre a lo que va de octubre han habido 42 matrimonios entre mexicanas y haitianos, la cifra más alta desde el año 2000.
Un caso de ejemplo es el de Luisa, quien viajó desde la Ciudad de México a Tapachula en septiembre pasado para contraer matrimonio con Leroi, originario de Haití, a cambio de 25 mil pesos y los gastos del traslado.
En entrevista, Luisa cuenta que fue contactada a través de un “amigo”, quien labora en una presunta organización de protección de derechos humanos, primero para trabajar como gestora de trámites migratorios y luego para contraer matrimonio con Leroi.
Luisa dijo estar consciente de la situación e incluso aseguró no sentirse ni siquiera atraída por quien será su nuevo esposo.
“A lo mejor no está bien, pero si yo le puedo ayudar y él a mí, no le veo lo malo”, afirmó Luisa quien prefirió abandonar su trabajo en un call center para trasladarse a Chiapas a casarse con Leroi.
Expertos en temas migratorios afirman que los migrantes ven en el matrimonio una solución al impedimento de circular por el país y pagan hasta 30 mil pesos por casarse con mexicanas.
Se trata de contratos que no obligan al cónyuge a cumplir con ningún tipo de relación sexual, además existe un acuerdo para que el divorcio ocurra formalmente al transcurrir 12 meses de casados.
En Tapachula, Chiapas, por ejemplo, desde el 1 de septiembre, 13 mexicanas han contraído matrimonio con haitianos
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.