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La Internacional Villahermosa

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Alerta Pemex sobre riesgo de desabasto de gasolina por entregas incumplidas

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En México existe un incumplimiento con el programa de entregas de productos del Sistema Nacional de Refinación (SNR), de acuerdo con una nota informativa enviada al subdirector de producción de Pemex Transformación Industrial (TRI), Juan Manuel Rocha.

El documento que señala sobre la producción de gasolinas, diésel y turbosina prometidas para agosto de este año, que no se está cumpliendo con el programa de entrega de producto.

​De acuerdo con la misiva enviada por el titular de la subsidiaria Gasolinas Bienestar Pemex, Alberto Velázquez García, esto generó una caída en los inventarios a nivel nacional, poniendo en riesgo el abasto oportuno de combustibles para el consumo interno del país.

“Cabe señalar que desde abril que comenzamos a dar un seguimiento a las entregas de gasolinas, diésel y turbosina por parte del SRN. El área de comercialización de Pemex no ha recibido los volúmenes prometidos por el área a su cargo”, describe el documento.

Conforme a lo descrito, las áreas de comercialización y de abasto de Pemex pudieron colocar en el mercado interno el 100 por ciento de la producción entregada y “se cuenta con la posibilidad de colocar toda la producción que ustedes nos entreguen de productos, no existe ninguna limitante”.

Incluso Alberto Velázquez dijo que, por el contrario, se incrementaron las ventas de gasolinas en 12 por ciento y de diésel en más del 38 por ciento en el primer semestre del año 2022.

“La desviación en los programas de entrega por parte del SNR en gasolinas, diésel y turbosina representó la falta de disponibilidad en el periodo del primero de abril al 16 de agosto del presente año, equivalentes a 9 millones de barriles, impactando negativamente los inventarios nacionales e incrementando con ello los pedimentos de importación a fin de no poner en riesgo el abasto nacional de combustibles en el país”.

El titular solicitó el cumplimiento del programa de entrega, con el fin de recuperar inventarios y atender la demanda nacional para evitar desabasto de combustibles en el país.

Nacionales

Organizaciones exigen a Sedena comprobar que no utilizó Pegasus para espiar a periodistas y activistas

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La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic exigió al gobierno y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentar pruebas que contradigan su informe Ejército Espía.

Con su publicación, las entidades aseguraron que las Fuerzas Armadas intervinieron el celular de dos periodistas y un activista de derechos humanos. Sin embargo, tanto el ejército como el Gobierno federal negaron los hechos.

Debido a esto, organizaciones insistieron que “la Sedena no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación ‘Ejército Espía’”. Es decir, “no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”.

En este sentido, las entidades no gubernamentales solicitaron a las Fuerzas Armadas que publiquen la totalidad de los contratos relacionados a la contratación y prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.

Así mismo, señalaron que presentaron los contratos del Gobierno con empresas que utilizan este software y que, al ser cuestionados al respecto, omitieron la información.

Por esto, pidieron “responder si los documentos que demuestran la contratación con Comercializadora Antsua S.A. de C.V. y el ocultamiento de la misma ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y R3D son falsos o auténticos”.

Dentro de sus demandas, también incluyeron la de especificar si las acciones de inteligencia, como las llamó el presidente López Obrador, incluyen la intervención de comunicaciones privadas de civiles.

Además, aseguraron que no se presentaron pruebas para contradecir el uso del malware Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.

Las organizaciones señalaron que la Sedena se contradijo, ya que admitió que utilizó el software Pegasus entre 2011 y 2013.

Sin embargo, “los hallazgos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en los que se revela el uso de Pegasus por parte del Ejército después de 2013″.

Adicionalmente, hicieron énfasis en que la Sedena no está facultada legalmente para intervenir los dispositivos de civiles, por lo que llevarlo a cabo va en contra de la constitución.

“La Sedena afirmó no haber solicitado autorización judicial para intervenir comunicaciones privadas (…) por lo que aún si tuviera facultades legales, cualquier intervención de comunicaciones que la SEDENA haya llevado a cabo es ilegal”, señalaron.

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