El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, criticó que la Cámara de Diputados le haya quitado tres mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022.

El titular del Poder Judicial de la Federación aclaró, primero, que no se trata de un recorte presupuestal, sino una “falta de asignación” de recursos que se solicitaron para cumplir con la tercera etapa de la reforma de justicia laboral.

En conferencia de prensa señaló: “De verdad que yo no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que es una obligación constitucional, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos, implica cumplir con compromisos internacionales de México que de no cumplirse pueden generarse consecuencias muy desfavorables, y está de por medio la reactivación económica de México”.

Zaldívar Lelo de Larrea, quien también es presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) llamó a los legisladores para reconsiderar esa situación, pues, señaló, de no asignarse estos recursos se compromete y se pone en riesgo el cumplimiento de la reforma de justicia laboral.

“Yo hago una exhortación respetuosa para que se pueda ponderar esta situación. Para que los beneficios lleguen a la gente más pobre de este país no podemos poner en riesgo la reactivación económica ni la justicia social”, indicó.

Arturo Zaldívar dijo que de mantenerse esta situación y no asignarse al Poder Judicial federal los recursos, no generarán “ningún problema en materia de presupuesto”.

“Aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados”, aseguró.

Agregó que “estos 3 mil millones de pesos adicionales, aun cuando se otorgaran al Poder Judicial Federal significaría que estaríamos ejerciendo un gasto 4 mil millones de pesos menos que el que se ejerció en 2018”.

También reconoció que la tercera etapa de la reforma de justicia laboral “es de un costo muy elevado”, pues es la más grande de todas e implica construir 77 tribunales en 17 sedes en 11 estados, incluyendo las tres ciudades más importes del país: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.