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La Internacional Villahermosa

Internacionales

Vicepresidenta de Colombia denuncia hallazgo de 7 kilos de explosivos cerca de su casa

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La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este martes el hallazgo de un “artefacto con más de 7 kilos de material explosivo” en la vía que conduce a su residencia familiar en Suárez, en el departamento del Cauca (suroeste).

“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca”, informó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Agregó que el artefacto agregado “fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivos de la Sijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía)”.

Márquez denunció este suceso como “un nuevo intento de atentar” contra su vida.

“Sin embargo, no dejaremos de trabajar, día tras día, hasta alcanzar la Paz Total que Colombia sueña y necesita. No desistiremos hasta que en cada territorio sea posible vivir en verdadera armonía”, indicó la vicepresidenta.

La ahora vicepresidenta y entonces activista tuvo que salir huyendo de Suárez en 2014 después de recibir una llamada en la que amenazaron con que era hora de “ajustar cuentas” por su activismo y labor de denuncia en la región, especialmente contra la minería que existe en su territorio natal.

Pero los atentados y amenazas no acabaron cuando dejó Suárez, y por el contrario aumentaron cuando entró en la carrera política. Antes de la segunda vuelta de las elecciones, en un acto de cierre de campaña, el equipo de seguridad de Márquez la tuvo que bajar del escenario después de que un láser verde la apuntara mientras daba un discurso.

Además de las amenazas, la vicepresidenta de Colombia también ha sufrido insultos y calificativos racistas por ser la primera mujer y la primera afrodescendiente en ser la número dos del Ejecutivo de Colombia.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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