La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez parcial de la llamada “Ley Garrote” en el estado de Tabasco, al considerar que permitía sancionar de manera arbitraria las protestas sociales.

Esta legislación, también conocida como ley antimarchas, fue publicada el 31 de julio de 2019 en el Periódico Oficial del Estado y generó controversia por su impacto en la libertad de expresión y manifestación.

Fallo en favor de derechos

El máximo tribunal determinó que algunos de los artículos de la norma abrían la puerta a interpretaciones que podrían criminalizar la protesta social, lo que contraviene derechos fundamentales.

Con esta resolución, la Corte establece un precedente en defensa de las libertades civiles, al limitar el alcance de disposiciones que podrían ser utilizadas de forma discrecional contra manifestantes.

Impacto de la decisión

La decisión de la SCJN frena la aplicación de sanciones que afectaban directamente a quienes participaban en protestas, y refuerza el derecho de la ciudadanía a expresarse y manifestarse de manera libre.

El fallo ha sido considerado un paso importante en la protección de los derechos humanos y el equilibrio entre el orden público y la libertad de expresión en México.