El diputado federal panista Luis Mendoza propuso una reforma a la Ley General de Salud con el fin de establecer el uso obligatorio de cubrebocas y caretas para los funcionarios públicos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, en días y horarios hábiles.

“La resistencia del Presidente y algunos secretarios de Estado a usarlos ha sido mal calificada y mal vista por la ciudadanía, que algunas veces replica el actuar de los funcionarios, evadiendo las medidas de sanidad en las calles, en el espacio público y en las oficinas de la administración pública”, afirmó.

Sostuvo que el Presidente de la República sale de viaje, camina, se reúne con mucha gente y, como las fotos han delatado, no usa protección, ya no solo para él, sino como una barrera hacia las personas que lo acompañan y están a diario con él.

Por ello, dijo, con la reforma propuesta habría mayor seguridad hacia todo aquel servidor público con actividades necesarias para el funcionamiento del gobierno durante la “nueva normalidad”.

“Esta nueva legislación ayudará a reducir episodios similares al que protagonizó la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien fue de compras en día hábil y sin cubrebocas, exponiendo al resto de la gente que se encontraba a su alrededor”, señaló el Mendoza.

El también legislador panista Adolfo Torres presentó a su vez una propuesta para otorgar a la Cámara de Diputados las atribuciones en el manejo y control del semáforo epidemiológico federal, con lo que el subsecretario Hugo López-Gatell quedaría eximido de dicha función.

“Ha llegado la hora de poner un hasta aquí a las ocurrencias del presidente López Obrador, mismas que se traducen en ineptitud, ocasionando muertes y más enfermos en México”, señaló.
Sostuvo que existen las bases, fundamentos y criterios jurídicos y legislativos para que el Poder Legislativo se haga cargo del semáforo epidemiológico que ha despertado el malestar de varios gobernadores, al grado de formar un bloque para defender la autonomía de sus entidades.

Torres precisó que, para la operación del semáforo epidemiológico, se consultaría la opinión de autoridades de la Organización Mundial de la Salud, economistas, médicos mexicanos y epidemiólogos con alto reconocimiento en sus áreas.