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La Internacional Villahermosa

Internacionales

México condena subasta de bienes arqueológicos en Francia

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La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia condenaron una nueva venta de 83 bienes arqueológicos mexicanos en una subasta en Francia programada para principios de abril.

La venta de dichos bienes, que las autoridades mexicanas consideran parte del patrimonio cultural del país, será en la casa Millon Maison de Ventes Aux Enchéres de París el próximo 3 de abril.

“Especialistas del INAH elaboraron el dictamen arqueológico correspondiente. De él se determina que 83 objetos puestos a la venta son monumentos arqueológicos mexicanos, definidos y protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”, informó la Secretaría de Cultura en un comunicado.

Además, aseguró que ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ha dirigido oficios ante la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol para tratar de repatriar los bienes.

Entre ellos destacan figurillas antropomorfas, vasijas de cerámica y hachas votivas (sagradas) que pertenecen desde al periodo Preclásico Medio (1200-400 a.C.) hasta el Posclásico Mesoamericano (900-1300 d.C.) y corresponden a los estilos olmeca de la Costa del Golfo, tlatilca de la Cuenca de México, Nopiloa del centro de Veracruz, Chupícuaro de la región del Bajío o Tala-Tonalá del actual estado de Jalisco.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, exhortó a la casa de ventas a detener el ofrecimiento de las piezas, tomando en consideración su valor “histórico, simbólico y cultural, superior a cualquier interés comercial”.

El Gobierno mexicano ha combatido subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma en las que aparecen objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México.

Además, se intensificaron las demandas ante gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas.

Internacionales

Congreso de Perú aprueba informe que acusa a Pedro Castillo por actos de corrupción

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Foto: Internet

El pleno del Congreso de Perú aprobó un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.

El informe final de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo sustentó y recomendó formular acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.

La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal, liderada por Castillo, según indicó el Congreso en Twitter.

Los delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.

A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.

El exmandatario fue detenido minutos más tarde de su anuncio de un “autogolpe” y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde el mandatario de ese país les dio asilo.

Precisamente, este jueves, la Fiscalía indicó que Lilia Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar en una organización criminal al interior del Gobierno de Perú.

“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García al exponer durante una audiencia judicial para pedir su detención preventiva.

Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la ex primera dama ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.

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