Nacionales
Las reformas de seguridad darían a García Harfuch poder nacional para coordinar investigaciones y combatir el crimen
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una propuesta de reforma para fortalecer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, dándole capacidades ampliadas en inteligencia y tecnología para investigar delitos de alto impacto. La propuesta abarca reformas al artículo 21 de la Constitución y al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de convertir a la SSPC en un órgano de coordinación central para las fuerzas policiales del país.
Las reformas permitirían que García Harfuch asuma un papel líder en la Estrategia Nacional de Seguridad, además de dirigir las policías locales en investigaciones de gran relevancia en coordinación con fiscalías estatales. Con estas atribuciones, Harfuch también podría asumir la representación de la presidenta en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, promoviendo la implementación de políticas de seguridad en los tres niveles de gobierno.
Una de las principales innovaciones sería la creación de una “policía complementaria” en la SSPC, facultada para realizar investigaciones apoyadas en inteligencia, como análisis de pruebas y uso de tecnologías avanzadas. Esto permitiría que la SSPC funcione como una policía ministerial que recoja pruebas admisibles en juicio, fortaleciendo las investigaciones junto a la Fiscalía General de la República (FGR).
Expertos en seguridad señalan posibles conflictos por la duplicidad de funciones, ya que la SSPC tendría competencias similares a las de la Guardia Nacional, la FGR, y los cuerpos de inteligencia de la Marina y el Ejército. Además, señalan que el poder centralizado en García Harfuch podría reducir la autonomía de las policías locales, generando una “coordinación vertical” que podría llevar a fricciones entre instancias de seguridad.
La reforma incluye la posibilidad de que la SSPC solicite información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar delitos como el lavado de dinero, aunque algunos especialistas consideran innecesario que la UIF se integre a la SSPC. En su lugar, sugieren que una buena coordinación entre ambas entidades podría ser suficiente para fortalecer la persecución del crimen financiero en el país.
Nacionales
Rancho Izaguirre: un año del hallazgo que evidenció presunto centro de reclutamiento del crimen organizado en Jalisco
A un año del ingreso del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, el sitio continúa siendo uno de los lugares más inquietantes relacionados con la crisis de desapariciones en México.
El 5 de marzo de 2024, integrantes del colectivo ingresaron al predio y encontraron decenas de prendas de vestir, objetos personales y restos que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Las imágenes y testimonios de aquel momento se difundieron rápidamente a nivel nacional e incluso internacional, generando indignación y preocupación entre la población.
Lo que en un inicio parecía un terreno abandonado terminó siendo señalado como un presunto centro de reclutamiento forzado del crimen organizado, donde diversas víctimas habrían sido llevadas contra su voluntad.
Para las familias buscadoras, el hallazgo marcó un antes y un después en su lucha por localizar a sus seres queridos, ya que evidenció la magnitud de la problemática y la necesidad de continuar con las labores de búsqueda en distintos puntos de Jalisco.
Cabe recordar que, aunque el colectivo hizo el descubrimiento en marzo de 2024, el rancho ya había sido asegurado previamente por autoridades. El 18 de septiembre de 2024, fuerzas federales intervinieron el lugar tras una balacera entre hombres armados y elementos de la Guardia Nacional.
Desde entonces, el Rancho Izaguirre permanece bajo investigación, mientras familiares de personas desaparecidas mantienen la esperanza de obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.






