La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo determinante respecto a la validez de la Norma Oficial Mexicana para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas procesadas en el país. En una decisión unánime, el Pleno de la SCJN ha concluido que estas regulaciones, establecidas en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y los cambios a los artículos 212 y 215 de la Ley General de Salud, constituyen una medida proporcionada para proteger el derecho a la salud de los niños y consumidores en general.

El proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán ha sido respaldado por los 11 ministros de la Corte, quienes han rechazado el amparo solicitado por la empresa Santa Clara Mercantil de Pachuca, filial de Fomento Económico Mexicano S.A.B (Femsa-Coca Cola de México). Este fallo ha confirmado la constitucionalidad de la normativa y ha rechazado las alegaciones de que vulnera la libertad de comercio o representa discriminación para las empresas de alimentos procesados.

Durante el proceso judicial, se discutió la legitimidad de la empresa para cuestionar la normativa, concluyendo que esta no puede defender derechos de salud y protección del consumidor como una persona física. Además, se destacó que el etiquetado frontal no afecta la libertad de comercio ni de concurrencia, sino que cumple con el objetivo de alertar a los consumidores sobre el contenido de los productos procesados.

El ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, enfatizó que la NOM sobre etiquetado busca proteger la salud de los consumidores al permitirles identificar fácilmente productos nocivos, particularmente para los niños. Se consideró que el etiquetado frontal es un medio adecuado y proporcional para informar sobre los riesgos asociados con el consumo de alimentos procesados, sin imponer una carga adicional a los productores y comercializadores.

En conclusión, la sentencia de la SCJN respalda la legalidad del etiquetado frontal como una medida constitucionalmente válida para proteger la salud pública y los derechos del consumidor en México. Este fallo marca un hito en la regulación de la industria alimentaria y refuerza el compromiso del Estado mexicano con la salud y el bienestar de su población.