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La Internacional Villahermosa

Nacionales

Juez ordena a Layda Sansores no difundir conversaciones de Ricardo Monreal

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Foto: Internet

Un juez federal otorgó una suspensión provisional al senador Ricardo Monreal Ávila, medida cautelar que ordena a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a no difundir en redes sociales conversaciones privadas del morenista.

Agustín Tello Espíndola, juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de amparo del aspirante a la presidencia de la República.

“…lo procedente es otorgar al quejoso la suspensión provisional solicitada”, detalla el acuerdo del juzgador, quien fijó para el próximo 14 de noviembre la celebración de la audiencia incidental donde resolverá si otorga la suspensión definitiva al senador.

Layda Sansores deberá evitar realizar publicaciones y deberá eliminar de internet y de las redes sociales estas publicaciones.

Hace unos días, con motivo de las intervenciones de comunicaciones privadas que presuntamente realizó y difundió Layda Sansores, entre el senador y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, Ricardo Monreal presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por varios delitos, entre ellos, intervención de comunicaciones y peculado.

Los mensajes fueron publicados el 23 de octubre y el 1 de noviembre de 2022 en diversas redes sociales, así como el 25 de octubre de 2022 en el programa “Martes del Jaguar”.

Se reclamó por la vía penal la intervención ilegal de comunicaciones privadas, así como la manipulación, edición, publicación y difusión a través de redes sociales oficiales (Youtube, Twitter, Facebook).

Nacionales

Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar fueron acusados por cerrar procesos judiciales en un fraude por más de 2 mil 500 millones de pesos

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Se presenta nueva denuncia en contra del exministro Arturo Zaldívar y su mano derecha, Carlos Alpízar, por intentar cerrar procesos judiciales en un fraude por más de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal.

A inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó un desvío de recursos por 2 mil 500 millones de pesos por diversas compras irregulares realizadas dentro de la Policía Federal durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por lo que en agosto del 2020, a petición de la FGR se giró una orden de aprehensión por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y crimen organizado en contra de 19 funcionarios de la extinta Policía Federal.

En días recientes, el magistrado federal Alberto Roldán Olvera denunció que entre 2020 y 2021 fue presionado por Carlos Alpízar, exmano derecha de Arturo Zaldívar, para emitir una resolución a modo en un amparo presentado por Frida Martínez, con el argumento de que “las reformas” dependían de ello.

Con el respaldo de grabaciones telefónicas, el magistrado probó la presiones y castigos que el círculo cercano del exmagistrado ejercian sobre él, durante el desarrollo de las investigaciones del fraude en la Policía Federal. Al mismo tiempo que el Congreso de la Unión discutía la llamada Ley Zaldívar, para ampliar el mandato del expresidente de la Corte, que fue avalada el 23 de abril de 2021, y luego declarada inconstitucional por el pleno de la SCJN.

Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, consiguieron intervenir en la resolución de diversos amparos referentes al caso, el cual sigue abierto, ya que aun no han habido detenidos. Por su parte, los acusados podrían enfrentar diversas investigaciones por faltas administrativas graves ante la SCJN y el CJF.

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