El Gobierno de El Salvador aseguró este jueves que ha logrado que no haya homicidios en 365 días (no continuos), contados desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019.

“Cerramos el 10 de mayo de 2023 con 0 homicidios a nivel nacional. Con este son 365 días sin homicidios, todo un año”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter. En el mensaje, el mandatario agregó un video en el que se considera que la cifra no tiene precedentes y la compara con 2015, cuando El Salvador alcanzó los 6.665 homicidios.

Los datos sobre homicidios no pueden ser verificadas de manera independiente con otras instituciones porque el gobierno de El Salvador las ha declarado bajo reserva con el argumento de que divulgar más detalles pone en riesgo la seguridad nacional.

En 2015, El Salvador registró una tasa de 105 muertos por cada 100.000 habitantes según el Banco Mundial, una cifra que convirtió al país centroamericano en uno de los más violentos del continente.

Ahora el Gobierno atribuye la reducción de los homicidios a la implementación de su controversial plan de seguridad “Control Territorial” y a la aprobación del régimen de excepción por parte de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

Los diputados aprobaron la medida el 27 de marzo de 2022 a petición del Ejecutivo, como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 homicidios, que el Gobierno atribuyó a los pandilleros.

El plan ha provocado críticas de organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional que consideran que viola los derechos humanos y que mantiene en prisión a personas que no pertenecen a pandillas.

Bukele ha rechazado las críticas y ha pedido a la comunidad internacional que le presente un plan de seguridad con mejores resultados. “Si lo hay, muéstrenlo; seguiremos esperando. Una vez lo podamos ver, nos cambiaremos a ese”, escribió Bukele en un tuit el 29 de abril.

Desde la implementación del régimen de excepción, según las autoridades, más de 68.000 personas han sido detenidas. La medida, prorrogada en 13 ocasiones por periodos de 30 días, está vigente hasta este 16 de mayo. Sin embargo, los diputados han expresado su intención de continuar aprobando nuevas extensiones, ya que el Gobierno dice que aún es necesario.

El régimen mantiene suspendidas garantías constitucionales como el derecho a defensa, extiende el plazo de la detención administrativa de 72 horas hasta 15 días y permite la intervención de las comunicaciones sin que sea autorizada por un juez.