Internacionales
FDA aprueba segunda prueba humana para Neuralink tras fallar en la primera

La Administración de Alimentos y Medicamentos de E.U. (FDA) ha aprobado una segunda prueba en humanos para Neuralink, la empresa de Elon Musk, tras solucionar un problema con su primer paciente. Neuralink informó que los cables implantados en el cerebro del primer sujeto se desplazaron de su posición. Para evitar este inconveniente, la empresa planea insertar algunos cables del dispositivo más profundamente en el cerebro, según un informe del Wall Street Journal.
Neuralink tiene la intención de implantar su dispositivo en el segundo paciente en junio y en un total de 10 personas durante este año. Más de 1,000 tetrapléjicos ya se han inscrito en su registro de pacientes, reflejando el interés en las posibilidades de tratamiento que ofrece la tecnología. La empresa ha sido autorizada anteriormente por la FDA para realizar pruebas en humanos, un paso crucial para el uso clínico de sus implantes.
Desde su fundación, Neuralink ha desarrollado dispositivos destinados a ser implantados en el cerebro humano para registrar y estimular la actividad neuronal. La meta a largo plazo de la empresa es tratar una variedad de trastornos neurológicos, incluyendo el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, lesiones de la médula espinal y la depresión. Los avances iniciales incluyeron un dispositivo con miles de electrodos y un robot quirúrgico de alta precisión para su implantación.
En 2020, Neuralink demostró su tecnología en un cerdo llamado Gertrude, mostrando que los dispositivos podían registrar señales neuronales en tiempo real. Esta demostración subrayó la viabilidad de la tecnología en un organismo vivo y marcó un paso importante en el desarrollo de implantes neuronales para el tratamiento de enfermedades neurológicas.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.