Nacionales
Falsificadores de Coca-Cola se extienden al Edomex
Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), del Ejército Mexicano y Guardia Nacional aseguraron una fábrica clandestina de Coca-Cola “pirata” en el municipio de Los Reyes Paz en el Estado de México.
En el lugar fueron detenidas nueve personas y se incautaron miles de envases llenos del refresco falsificado, así como envases vacíos de refrescos y cajas con los colores y los emblemas de la marca Coca Cola.
Con este hallazgo, ya suman dos plantas clandestinas que falsifican esta marca de refresco en el Valle de México, ya que la primera fue localizada en la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de mayo.
La fábrica de Coca Cola clonada fue descubierta en la colonia San Sebastián del municipio de Los Reyes La Paz, colindante con Iztapalapa.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, personal de la Fiscalía Regional de Justicia con sede en Nezahualcóyotl, a cargo del fiscal Elohim Díaz Jiménez, detectaron la planta clandestina de refresco en las calles Hiedra y Camino a la Barranca.
Además de miles de envases que contenían la bebida falsificada, se encontraron envases vacíos, maquinaria y unidades de transporte, materiales que quedaron a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación.
Los refrescos falsificados se comercializaban al oriente del Valle de México, tanto en la Ciudad de México dentro de la alcaldía Iztapalapa, como en su zona conurbada que abarca los municipios de Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.
Se investiga si existe alguna relación con la fábrica de Coca Cola clonada que operaba en Iztapalapa y que ya fue desmantelada.
A su vez, los detenidos ya comparecen ante la fiscalía mexiquense para deslindar responsabilidades.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






