Con el objetivo de promover el bienestar y la responsabilidad hacia las mascotas y animales de compañía, la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México ha experimentado modificaciones significativas. Entre los cambios destacan la obligación de inscribir a las mascotas en un registro, la acreditación de vacunas o datos en caso de extravío, así como la implementación de un registro para paseadores de perros.

El sábado pasado, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, informó a los medios que estas modificaciones “permiten profundizar y detallar el compromiso del pueblo y el Gobierno capitalino con los animales que conforman el hábitat urbano y rural”. Estas reformas, publicadas el 27 de marzo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, buscan una visión más integral para la salud de los animales, la salud pública y el fortalecimiento de la tutela responsable.

Batres explicó que las reformas tienen como propósito proteger a los animales como seres sintientes, garantizar su bienestar y prevenir el maltrato y el sufrimiento. Se establecen también las obligaciones de los dueños hacia sus mascotas, así como mecanismos para atender a los animales extraviados y asegurar que aquellos sin hogar encuentren una tutela responsable.

Además, la legislación detalla los procedimientos para registrar, solicitar atención veterinaria o denunciar casos de maltrato animal. También regula el trato hacia especies animales no domésticas o silvestres, garantizando su protección y bienestar.

Se contempla la creación de un Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México (RUAC-CDMX), que integrará datos de identificación del animal y su tutor. Este registro se realizará durante la adquisición o adopción de una mascota, así como durante campañas de vacunación, desparasitación y esterilización.

Además, la ley introduce el concepto de “Paseador de perros”, definido como la persona física o moral que proporciona recorridos con fines de esparcimiento a uno o más perros, a cambio de una remuneración económica.

Por último, la legislación reconoce la eutanasia como procedimiento gestionado por las alcaldías, con restricciones para su aplicación y la prohibición de realizarla en animales sanos, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.