Internacionales
Cadena de decoración Bed Bath & Beyond se declara en bancarrota

La cadena estadounidense de artículos de hogar y decoración Bed Bath & Beyond se declaró en bancarrota, tras años de dificultades para cubrir deudas pendientes y financiar sus operaciones.
La empresa precisó en un comunicado que ha recibido el compromiso por parte de la firma de inversión Sixth Street Specialty Lending para recibir una financiación de 240 millones de dólares que les permitirá mantener sus tiendas y páginas web abiertas en este proceso.
La compañía de Nueva Jersey tiene 360 establecimientos Bed Bath & Beyond y 120 buybuy BABY.
“Millones de clientes han confiado en nosotros a lo largo de los hitos más importantes de sus vidas, desde ir a la universidad a casarse, instalarse en una nueva casa y tener un bebé”, recordó su presidenta y consejera delegada, Sue Gove, que prometió que seguirán trabajando para maximizar el beneficio de todos los accionistas.
Bed Bath & Beyond precisó que la declaración de bancarrota se ha efectuado de forma voluntaria para llevar a cabo una liquidación ordenada de sus negocios mientras efectúa “un proceso de márketing limitado para solicitar interés en una o más ventas de algunos o todos sus activos”.
Las ventas de la cadena minorista cayeron con fuerza el año pasado y la empresa se había encontrado con dificultades para refinanciar unas deudas que no estaba pudiendo satisfacer.
La firma experimentó además fuertes oscilaciones en su cotización bursátil, al convertirse en una de las apuestas favoritas de muchos pequeños inversores y especuladores que se coordinan en foros de internet.
El pasado febrero anunció que iba a vender acciones por valor de aproximadamente mil millones de dólares para tratar de evitar la bancarrota. Añadió que planeaba cerrar unas 150 tiendas, lo que tras las cifras comunicadas anteriormente supondría clausurar un total de 400 establecimientos, casi la mitad de las que tenía hace un año.
Sus problemas financieros se arrastran desde el estallido de la pandemia de COVID-19 y se considera que fueron los causantes del suicidio de su director financiero el pasado septiembre, el venezolano Gustavo Arnal, que se arrojó a la calle desde el piso 18 de su apartamento en Manhattan.
Entre las dificultades de la firma estaban la escasez de clientes tanto en las tiendas físicas como en la venta en línea, problemas de suministro que le hacían difícil reponer algunas mercancías y, lo más grave, no haber sido capaz de refinanciar su deuda.
El canal CNBC explicó el pasado enero que la compañía había ido acumulando deuda con distintos vencimientos -en 2024, 34 y 44- y había perdido gran parte de su liquidez cubriendo solo parcialmente esos pagos.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.