La Policía Federal de Brasil anunció este 19 de marzo que Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, ha sido formalmente acusado de asociación criminal y de falsificar registros de vacunación contra el COVID-19, marcando el primer señalamiento contra el líder de extrema derecha, con posibles más acusaciones en el horizonte.

La Corte Suprema publicó la acusación de la policía, que alega que Bolsonaro y otras 16 personas insertaron información falsa en la base de datos de salud pública para simular que él, su hija de 12 años y otros en su círculo habían sido vacunados contra el virus SARS-CoV-2.

Durante la pandemia, Bolsonaro fue uno de los pocos líderes mundiales que cuestionó abiertamente las vacunas contra el COVID-19, desobedeciendo las restricciones sanitarias y alentando a la sociedad a seguir su ejemplo.

Su administración ignoró varios correos electrónicos de la farmacéutica Pfizer que ofrecían vender a Brasil millones de dosis en 2020, y criticó abiertamente una medida del entonces gobernador de Sao Paulo, João Doria, quien ordenó la compra de vacunas de Sinovac cuando no había otras disponibles.

La fiscalía general de Brasil determinará si utiliza la acusación policial para presentar cargos contra Bolsonaro ante la Corte Suprema. Esta acusación surge de una serie de investigaciones dirigidas contra Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

El abogado de Bolsonaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press. El ex presidente negó haber actuado mal durante el interrogatorio en mayo de 2023.

La policía acusa a Bolsonaro y sus asistentes de alterar la base de datos del Ministerio de Salud poco antes de viajar a Estados Unidos en diciembre de 2022, dos meses después de perder su candidatura a la reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro necesitaba un certificado de vacunación para ingresar a Estados Unidos, donde permaneció durante los últimos días de su mandato y los primeros meses del mandato de Lula.

Si es declarado culpable de falsificación de datos sanitarios, el político de 68 años podría enfrentar hasta 12 años de prisión, según el analista jurídico Zilan Costa. La pena máxima por asociación criminal es de 4 años.

Otras investigaciones incluyen una relacionada con la presunta introducción de joyas de diamantes en Brasil y un incidente en Brasilia en enero de 2023, poco después de que Lula asumiera el poder. Bolsonaro ha negado haber actuado mal en ambos casos.