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La Internacional Villahermosa

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Hong Kong aprueba polémica ley de seguridad nacional en tiempo récord

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Pekín. En una sesión especial, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó por unanimidad este martes una nueva ley de seguridad nacional, apenas once días después de su presentación. Esta normativa, cuya vigencia comenzará el próximo sábado, incluye disposiciones para los delitos de traición, espionaje, injerencia externa, secretos de Estado y sedición, lo que amplía los poderes del gobierno chino sobre los movimientos disidentes.

Conocida localmente como Artículo 23, la nueva legislación fue aprobada rápidamente por 88 de los 90 miembros del consejo, a solicitud del líder de la ciudad, John Lee, tras un breve debate que comenzó el pasado 8 de marzo. Este nuevo texto complementa la primera ley de seguridad nacional implementada en 2020, en respuesta a las protestas prodemocracia del año anterior.

John Lee comentó tras la votación: “Hemos cumplido con la confianza del país y no hemos decepcionado al gobierno central”. Aseguró que este paquete de leyes es esencial para poner fin a los disturbios y combatir lo que describió como “espionaje occidental”.

El presidente del consejo parlamentario, Andrew Leung, expresó que todos los legisladores estaban satisfechos de haber participado en esta “misión histórica”. “Coincido plenamente con las palabras del jefe del Ejecutivo: cuanto antes se complete la legislación, antes se garantizará la seguridad nacional”, agregó.

La nueva ley establece penas para una amplia gama de acciones consideradas como “amenazas a la seguridad nacional”, con castigos que van desde cadena perpetua para delitos graves como la traición y la insurrección, hasta años de cárcel por infracciones menores, como la posesión de publicaciones sediciosas. Además, algunas disposiciones permitirán procesar actos cometidos en cualquier parte del mundo.

China y las autoridades de Hong Kong han argumentado que estas nuevas leyes son necesarias para cerrar “lagunas legales” y “restaurar la estabilidad” en la ciudad, asegurando que su legislación es similar a las leyes de seguridad nacional en otros países.

La comunidad internacional, incluyendo a la Unión Europea, Estados Unidos y Gran Bretaña, ha expresado preocupación por esta nueva legislación, instando a los legisladores a tomarse más tiempo para examinar su impacto.

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El Ministerio de Salud de Perú clasifica la transexualidad y la identidad de género como una enfermedad mental

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El Ministerio de Salud de Perú ha causado controversia al mantener un decreto que clasifica la transexualidad como un trastorno mental. Esta decisión ha provocado fuertes protestas de colectivos LGBTQ+ y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), quienes consideran el decreto sesgado y desactualizado, fomentando la discriminación y la violencia.

Pese a las manifestaciones y las críticas, el gobierno peruano ha defendido la vigencia del decreto, argumentando que su anulación impediría a los afiliados del sistema de salud acceder a servicios de salud mental. Carlos Alvarado, del Ministerio de Salud, señaló que el objetivo es mejorar la atención en salud mental, aunque se utilice una clasificación de la OMS que ya no está en uso.

La comunidad LGBT y sus defensores continúan exigiendo la derogación del decreto, advirtiendo sobre las “graves consecuencias” que podría tener, incluyendo la promoción de prácticas inhumanas como las terapias de conversión. La situación en Perú subraya la necesidad urgente de actualizar las políticas de salud para reflejar el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas LGBTQ+

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