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La Internacional Villahermosa

Nacionales

Abren queja contra servidores públicos por posibles irregularidades en caso Xcaret

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La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que presentó una queja en contra de servidores públicos del ministerio público adscrito a la vicefiscalía de Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.

Lo anterior, por presunta obstaculización de procedimientos legales en el caso de Leonardo, el adolescente que se accidentó en el Parque Xenses, el 27 de marzo, y falleció al día siguiente en una clínica privada.

El comunicado de la dependencia es emitido luego de que el Comité de Participación Ciudadana (CPC), como órgano del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo, marcase probables conductas ilícitas en el manejo del caso.

Entre las irregularidades señaladas, el Comité citó la dispensa de la necropsia, pese a que la carpeta de investigación que inició la Fiscalía es por homicidio culposo, al encontrar elementos sobre un probable ilícito.

El haber obligado a Miguel Ángel Luna, padre del menor de edad, a firmar el perdón, que tampoco procede, pues el homicidio se persigue de oficio; y el negarse a tomarle la declaración de hechos.

Nacionales

Demandan ex trabajadores del IMSS devolución de sus ahorros confiscados

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Ex trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han iniciado acciones legales para reclamar el pago de sus afores, los cuales alegan les fueron retirados por el gobierno federal de sus cuentas personales. Aunque 150 personas han procedido legalmente, en total 500 ex empleados se ven afectados en Tabasco.

En una conferencia de prensa, miembros del movimiento “Jubilados en Pie de Lucha del IMSS” denunciaron que el gobierno federal actuó de manera indebida al manipular administrativamente sus ahorros y confiscarlos.

William Lara Sosa, líder del movimiento a nivel nacional, señaló que estos fondos de retiro deberían haberse entregado al momento de la jubilación o pensión, según lo estipulado en el plan de pensiones. Sin embargo, fueron transferidos al gobierno federal, y ahora demandan que se les devuelva conforme a sus derechos.

Acompañado por María de Jesús Almeida García, coordinadora estatal del movimiento de jubilados, Lara destacó que estas prestaciones son autónomas e incompatibles, y que los demandantes son adultos mayores, lo que los hace vulnerables y protegidos por la constitución.

En su intervención, María de Jesús Almeida indicó que, de no recibir una respuesta satisfactoria, llevarán su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que son adultos mayores y están amparados por la ley.

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