El pasado 6 de octubre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) descartó frenar las investigaciones contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma el Instituto Nacional Electoral (INE) continuará la investigación contra el hermano del presidente, quien fue grabado mientras recibía dinero en unos sobres de parte de David León, quien fuera consultor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera, aclaró que lo que resolvió el tribunal simplemente es que es probable que ese pago que todos conocieron con el video difundido, no haya sido el único.

Esto debido a que en la conversación entre David León y Pio López Obrador, se hace referencia a otros pagos, por lo que el TEPJF consideró que había que investigar si existían más pagos y en particular si con ellos se hizo un financiamiento irregular de algún partido o campaña electoral.

Cuestionado en torno a qué instancia está realizando la investigación en contra del hermano del presidente, Jaime Rivera, explicó que saber si estas acciones se enmarcan en lo que se constituye como un delito electoral, es justamente lo que en estos momentos se investiga.

Agregó que cuando se presentaron las quejas tras revelarse el video, el INE inició las investigaciones, respetando el principio de presunción de inocencia de los señalados.

De este modo señaló que el video sólo constituyen indicios de irregularidades, pero no es una prueba plena; sin embargo, si son hechos suficientes para iniciar la investigación sobre el origen de los recursos y el probable uso electoral de los mismos.

Sobre quien realiza la investigación, el consejero del INE señaló a la Unidad Técnica de Fiscalización, la cual registra, investiga y dictamina todos los ingresos y gasto de los partidos políticos.

Además la unidad técnica hace monitoreo para conocer posibles ingresos o gastos no reportados, la unidad goza de autonomía para sus investigaciones y una vez que tiene elementos suficientes los presenta a la comisión de fiscalización, quienes a su vez resuelven en primera instancia y lo llevan al consejo general.

El INE investiga el probable uso electoral del dinero, pero si en la operación hubiere relacionado otro tipo de ilícitos el INE da aviso a las autoridades competentes, para que sean estas las que resuelvan y sancionen.