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Videgaray desvió recursos en gobierno EPN a campaña del PRI: Zebadúa
El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó el programa social de la Cruzada Nacional Contra el Hambre para comprar votos, realizar actos proselitistas y de campaña a favor del PRI, denunció el ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Zebadúa solicitó a la FGR la aplicación de un criterio de oportunidad con el que busca beneficios en el proceso penal en su contra y reveló que se realizaron desvíos en 12 dependencias, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Luis Videgaray Caso, quien dispuso de mil millones de pesos no presupuestados para asignarlos a la Cruzada Nacional contra el Hambre en Sedesol, entonces a cargo de Rosario Robles, que fueron utilizados para organizar actos y estrategias de campaña en varios estados de la República.
Declaró que el esquema utilizado fue contratar empresas privadas a través de universidades públicas para supuestamente prestar servicios a la Cruzada Nacional, lo cual fue acordado entre Robles Berlanga y Videgaray Caso.
Ramón Sosamontes, exjefe de la Oficina de Rosario Robles en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano negó “rotunda y categóricamente” las acusaciones realizadas por Emilio Zebadúa ante la Fiscalía General de la República (FGR) y filtradas a los medios de comunicación sobre su participación en la llamada “Estafa Maestra”.
Acusó que Emilio Zebadúa a costa de su beneficio personal está haciendo imputaciones a terceros sin sustento probatorio, tratando de engañar a la fiscalía a cambio de estar bajo criterio de oportunidad de la FGR.
Emilio Zebadúa asegura que Ramón Sosamontes es uno de los partícipes en los convenios que se firmaron con instituciones académicas para desviar recursos federales a las campañas del Partido Revolucionario Institucional en la Estafa Maestra.
La Estafa Maestra reveló que el gobierno federal firmó 25 convenios de Pemex con once instituciones públicas de nivel superior que resultaron irregulares.
También usó 186 compañías para desviar siete mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones que fueron reportados en las Cuentas Públicas correspondientes a 2013 y 2014, pero entregados a empresas fantasma.
Con información de López-Dóriga Digital
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