La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, aprobó una ley que impone penas de 25 a 30 años de prisión y multas millonarias a quienes promuevan sanciones extranjeras contra el Gobierno. Además, incluye inhabilitación política por 60 años, impidiendo a los sancionados optar por cargos públicos o participar en elecciones.

La ley también penaliza a medios de comunicación que difundan mensajes que apoyen sanciones, pudiendo ser multados o retirados del espectro radioeléctrico. Define como crímenes de lesa humanidad las sanciones internacionales, atribuyendo a estas más de 900 medidas aplicadas al país en la última década, principalmente por Estados Unidos.

Adicionalmente, crea un registro nacional para individuos bajo sospecha de incurrir en acciones que afecten la soberanía, como desconocer al Gobierno o respaldar líderes opositores. Estas personas enfrentarán congelación de activos, restricciones comerciales e incluso la confiscación de bienes en territorio venezolano.