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UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de influencias

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Foto: Internet

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República al ex procurador Jesús Murillo Karam por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y defraudación fiscal, por contratos que recibió una empresa familiar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando él era funcionario público, y por movimientos en el extranjero por 26 millones pesos y casi 3 millones de dólares.

En una tarjeta informativa, la UIF informó que detectó que el ex procurador de la República “posiblemente” esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, tras un análisis de riesgos que realizaron respecto a Personas Expuestas Políticamente relacionadas con la investigación Pandora Papers, entre las que se encuentra Jesús Murillo Karam.

Detallaron que tras este análisis se identificó al ex procurador como una persona que “posiblemente esté relacionada con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo”.

Y se identificó que esa empresa, específicamente de 2013 a 2015 “obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”.

Precisaron que esta empresa, además, cuenta con características irregulares desde su constitución, como que los domicilios registrados no son acordes con las actividades que dijo que realizaba, además de que declaró deducciones siempre similares a sus ingresos acumulables.

“Lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal”.

La UIF informó que también pudieron identificar que el ex procurador recibió 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión en el extranjero, y entre 2020 y 2021 colocó 26.5 millones de pesos en cuentas propias en el extranjero, montos que nunca declaró ante las autoridades fiscales.

Por lo que este lunes, 14 de noviembre, presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de Jesús Murillo Karam por el delito de recursos de procedencia ilícita, además de los posibles delitos de tráfico de influencias y defraudación fiscal.

Agregaron, que esta indagatoria se dio como parte de los compromisos internaciones que tiene la UIF con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero, el uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales.

Por lo que “la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers y derivado de la declaración pública emitida por el GAFI, al ser consideradas operaciones atípicas e inusuales que tienen como denominador común garantizar la opacidad a sus clientes, escondiendo, en muchas ocasiones, el posible origen ilícito de los recursos en sociedades de papel o fideicomisos, así como por vincularse a temas de corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal, entre otros”.

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Dejan en libertad a 15 detenidos durante operativo contra “R2” en Jalisco; cinco siguen bajo custodia

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Entre las personas que podrán continuar su proceso sin prisión preventiva se encuentran integrantes del grupo musical Los Arras, empleados y clientes del restaurante Sabea. La situación jurídica de otros cinco detenidos continúa pendiente de resolución.

Un juez de Control determinó que 15 de las 20 personas detenidas durante el operativo para capturar a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, en Jalisco, puedan continuar su proceso judicial en libertad, mientras que otros cinco hombres permanecerán bajo custodia en el complejo penitenciario de Puente Grande.

La resolución se produjo después de una extensa audiencia relacionada con el despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, donde fueron aseguradas varias personas que se encontraban en el establecimiento al momento de la intervención de las autoridades.

Entre quienes obtuvieron el beneficio de enfrentar el procedimiento fuera de prisión se encuentran músicos de la agrupación Los Arras, así como trabajadores y comensales del negocio.

Sin embargo, la determinación judicial no representa una absolución, ya que los involucrados deberán cumplir con las medidas cautelares establecidas y mantenerse disponibles para las siguientes etapas del proceso.

Cinco detenidos permanecerán en Puente Grande

De acuerdo con información difundida por N+, los cinco hombres que continuarán bajo custodia fueron identificados como Fernando Omar “N”, Luis Felipe “N”, Uriel Rodrigo “N”, Óscar “N” y Rogelio “N”.

Los señalados enfrentan imputaciones relacionadas con presuntos delitos de portación de armas de fuego, narcomenudeo y pandillerismo.

Su situación jurídica todavía deberá ser definida por la autoridad judicial, conforme a los plazos establecidos y los elementos que presenten tanto el Ministerio Público como sus respectivas defensas.

Audiencia continuará el domingo 15 de noviembre

El abogado Gilberto Pedraza, quien representa legalmente a cuatro de los investigados, explicó que las 20 personas detenidas solicitaron ampliar el plazo constitucional a 144 horas.

Esta medida permite disponer de más tiempo para preparar su defensa y reunir información que pueda ser presentada ante el juez.

Por ello, la continuación de la audiencia quedó programada para el próximo domingo 15 de noviembre, fecha en la que se espera una determinación sobre la situación jurídica de los cinco hombres que permanecen detenidos.

La audiencia inicial comenzó durante la tarde del miércoles 11 de noviembre y se extendió hasta la mañana del jueves 12, debido al número de personas involucradas y las actuaciones procesales realizadas.

“R2” permanece hospitalizado; suspenden audiencia por su estado de salud

Por separado, Rafael Álvarez Ayala, conocido como “R2”, continúa recibiendo atención médica en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, después de resultar lesionado durante el operativo en el que fue capturado.

Su audiencia inicial, prevista para el miércoles 11 de noviembre mediante videoconferencia, tuvo que suspenderse debido a que los medicamentos administrados durante su recuperación le provocaban somnolencia, impidiéndole participar adecuadamente en la diligencia.

El procedimiento judicial deberá reanudarse cuando las condiciones médicas del detenido permitan garantizar su participación y el ejercicio de su derecho a la defensa.

Continúan investigaciones por operativo en restaurante Sabea

El despliegue de seguridad realizado en el restaurante Sabea, en Guadalajara, derivó en la detención de 21 personas en total, incluyendo a Rafael Álvarez Ayala, quien permanece hospitalizado.

Las autoridades federales investigan los hechos relacionados con el operativo y las posibles responsabilidades de los involucrados, mientras los procedimientos judiciales continúan por separado.

La liberación de los 15 detenidos fue confirmada este jueves 12 de noviembre, aunque deberán atender las obligaciones procesales establecidas por el juez.

El caso continuará el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que la autoridad judicial retome las actuaciones relacionadas con los cinco hombres que permanecen recluidos en Puente Grande.

Mientras tanto, la audiencia de “R2” sigue pendiente debido a su estado de salud y las autoridades deberán garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia de los investigados.

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