Internacionales
Uganda aprueba ley que castiga con cárcel el identificarse como gay

Los ciudadanos que se identifican como homosexuales en Uganda se arriesgan a ser condenados a cadena perpetua después de que el Parlamento de la nación africana aprobara un nuevo proyecto de ley para acabar con el sexo entre personas del mismo sexo.
El proyecto también incluye la pena de muerte en determinados casos.
“Vamos a aplicar la ley para asegurarnos de que los homosexuales no tienen espacio en Uganda”, dijo el parlamentario Musa Ecweru durante el debate de aprobación, en el que hubo aplausos y cánticos.
Un activista de los derechos de la comunidad LGBT dijo a medios que el debate en torno al proyecto de ley ha hecho aumentar el temor de que haya más ataques contra las personas homosexuales.
“Hay mucho chantaje. La gente está recibiendo llamadas en las que les dicen: ‘Si no me das dinero, denuncio que eres gay'”, contó el activista.
Se trata de una de las legislaciones más duras contra los homosexuales de toda África.
Los actos homosexuales ya son ilegales en Uganda, pero este proyecto de ley introduce delitos penales nuevos.
Además de hacer que la mera identificación como gay sea ilegal por primera vez, según la ley, los amigos, familiares y miembros de la comunidad tienen el deber de acudir a las autoridades para denunciar a las personas que mantengan relaciones con otras del mismo sexo.
El proyecto de ley fue aprobado con un amplio apoyo en el Parlamento de Uganda el martes por la noche.
Ha sido condenado por la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional lo ha calificado de “espantoso”, “ambiguo” y “vagamente redactado”.
“Esta legislación profundamente represiva institucionalizará la discriminación, el odio y los prejuicios contra las personas LGBTI, y bloqueará el trabajo legítimo de la sociedad civil, los profesionales de la salud pública y los líderes comunitarios”, dijo Tigere Chagutah, representante de Amnistía Internacional.
La versión final aún no se ha publicado oficialmente, pero los elementos debatidos en el Parlamento incluyen:
Una persona condenada por manipular o traficar niños con el propósito de involucrarlos en actividades homosexuales enfrenta cadena perpetua
- Las personas o instituciones que apoyen o financien actividades u organizaciones de derechos LGBT, o publiquen, transmitan y distribuyan material y literatura progay en los medios, también se enfrentan a enjuiciamiento y encarcelamiento.
- Los grupos de medios, periodistas y editores enfrentan enjuiciamiento y encarcelamiento por publicar, transmitir, distribuir cualquier contenido que defienda los derechos de los homosexuales o “promueva la homosexualidad”.
- Pena de muerte por lo que se describe como “homosexualidad agravada”, es decir, abuso sexual de un niño, una persona con discapacidad o personas vulnerables, o en los casos en que una víctima de agresión homosexual sea infectada con una enfermedad incurable.
- Los dueños de propiedades también corren el riesgo de ser encarcelados si sus instalaciones se utilizan como un “burdel” para actos homosexuales o cualquier otra actividad de derechos de las minorías sexuales.
Un pequeño grupo de parlamentarios ugandeses en un comité que analiza el proyecto de ley no estuvo de acuerdo con su premisa. Argumentan que los delitos que busca tipificar ya están contemplados en el Código Penal del país.
En 2014, el Tribunal Constitucional de Uganda anuló otra ley que había endurecido la legislación contra la comunidad LGBT.
El tribunal dictaminó que se revocara la legislación porque había sido aprobada por el Parlamento sin el quórum requerido.
Las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas en unos 30 países africanos, en los que muchas personas mantienen valores religiosos y sociales conservadores.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.