Nacionales
Tribunal federal ordena restituir a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE
Un tribunal federal otorgó una suspensión provisional que ordena restituir en el cargo a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).
Por unanimidad, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la resolución de Blanca Lobo Domínguez, jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, quien rechazó conceder la medida cautelar a Edmundo Jacobo.
Pese a la resolución de los magistrados, cuando se celebre la audiencia incidental, la juzgadora podría negar la suspensión definitiva, lo que provocaría que el secretario ejecutivo del INE vuelva a dejar el cargo.
La magistrada Carolina Alcalá Valenzuela propuso declarar fundado el recurso de queja de Edmundo Jacobo, quien impugnó la resolución de la jueza Blanca Lobo, que admitió a trámite la demanda de garantías, pero rechazó concederle la suspensión provisional contra el artículo 17 transitorio, del ‘Plan B’ de la reforma electoral, a través del cual se ordenó ser cesado del cargo.
La magistrada explicó que no existe alguna razón que justifique el cambio de facultades de manera anticipada del nombramiento de Edmundo Jacobo.
Los magistrados coincidieron que, de no otorgarse la medida cautelar, el quejoso podría sufrir daños irreparables.
El amparo fue promovido el pasado 2 de marzo, fecha en que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Nacionales
ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades
Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.
De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.
Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.
Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.






