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La Internacional Villahermosa

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Trabajadores públicos de Argentina protestan contra la ‘ley ómnibus’, frente al Congreso

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Este martes, empleados públicos de Argentina llevaron a cabo una protesta frente al Congreso en Buenos Aires en rechazo a los recortes, despidos y posibles privatizaciones de empresas públicas, como parte de las políticas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo de Javier Milei.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) instaló carpas frente al palacio legislativo con el objetivo de “alertar a la ciudadanía sobre la pérdida de sus servicios públicos”, en el marco del debate sobre la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, también conocida como ‘ley ómnibus’, la cual fue aprobada por Diputados y debe ser ratificada por el Senado.

Durante la jornada, representantes de organismos estatales advirtieron sobre la posible privatización de sectores como la salud pública, la información y la industria nacional, afirmando que estos “se venderían junto con la patria”.

“Esta acción busca destacar el desmantelamiento que está llevando a cabo el Gobierno. Cada área cerrada representa un derecho violado para la ciudadanía”, expresó Matías Fachal, secretario general de la Federación Judiciales Argentina.

Por su parte, Rodolfo Aguiar, líder sindical de ATE, agregó: “La ‘ley Bases’ somete a la nación y pone al Estado al servicio del saqueo. Nos imponen una reforma laboral que retrocede en materia de derechos. Con esta ley, quieren poner al Estado al servicio de unos pocos grupos empresariales nacionales y de todas las multinacionales”.

Uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores es la inclusión de una reforma laboral en el proyecto de ley.

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Sangre contaminada provocó 3,000 muertes en Reino Unido

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En el Reino Unido, una investigación pública ha revelado que entre 1970 y 1990, miles de personas fueron infectadas con hepatitis C y VIH debido a transfusiones de sangre contaminada, resultando en cerca de 3,000 muertes. La investigación, dirigida por el exjuez Brian Langstaff, concluyó que las autoridades sanitarias y políticas encubrieron la verdad durante décadas y que la tragedia “podría haberse evitado en gran medida”.

El informe, que incluye miles de testimonios y documentos, destaca la negligencia de los gobiernos sucesivos al no actuar a tiempo y al asegurar erróneamente que los pacientes recibieron el mejor tratamiento disponible.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, se disculpó públicamente en el Parlamento por la “terrible injusticia”, prometiendo compensar a los afectados y a las familias de los fallecidos. Durante las décadas en cuestión, más de 30,000 personas fueron infectadas después de recibir sangre de donantes estadounidenses, incluidos presos y otros grupos de alto riesgo. Esta práctica se debió a la escasez de sangre en el NHS (National Health Service), que llevó a recurrir a proveedores extranjeros que pagaban a sus donantes.

El informe final incluye doce recomendaciones, entre ellas un reconocimiento nacional del desastre, compensaciones adecuadas y un cambio en la cultura y práctica del NHS y el Servicio Civil. El gobierno británico ya había comenzado a pagar indemnizaciones de 100,000 libras a las víctimas, y se espera que el coste total de las compensaciones alcance varios miles de millones de libras.

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