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La Internacional Villahermosa

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Tarjeta de derechos, herramienta clave ante planes de deportación de Trump

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Organizaciones proinmigrantes han reactivado el uso de una tarjeta laminada con consejos clave para que los inmigrantes indocumentados enfrenten de manera informada los planes de deportación masiva del presidente electo de EUA., Donald Trump. Esta herramienta, que ya fue exitosa durante su gobierno anterior (2017-2021), instruye a los portadores sobre su derecho a guardar silencio, contactar a un abogado y cómo actuar ante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM) y otras organizaciones destacan que la tarjeta, en español e inglés, es fundamental para brindar confianza y seguridad a los inmigrantes, quienes enfrentan un clima de incertidumbre. Además, están promoviendo talleres y distribuyendo materiales educativos en colaboración con comunidades escolares, a fin de incluir a los menores en los planes de preparación familiar ante posibles deportaciones.

Junto a estas medidas, grupos como Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE) planean reactivar sus “grupos de respuesta rápida”, que en el pasado ayudaron a monitorear operativos de ICE y evitar abusos durante las detenciones. Este modelo, basado en la presencia activa de líderes religiosos y redes comunitarias, busca replicar el éxito de estrategias previas que lograron detener deportaciones.

Con un estimado de 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y 2.3 millones adicionales en situación de deportación, los activistas subrayan la importancia de estar preparados. Más allá de la defensa legal, destacan que estas iniciativas envían un mensaje claro: los inmigrantes no están solos y cuentan con una comunidad organizada dispuesta a apoyarlos en su lucha por los derechos humanos y civiles.

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Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.

Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.

La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.

Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.

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