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La Internacional Villahermosa

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Suman 64 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral

Entre el inicio del proceso electoral en septiembre del año pasado y hasta el 31 de enero de 2021, han sido asesinados 64 actores políticos en México, reportó Integralia Consultores.

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Foto: Internet

Entre el inicio del proceso electoral en septiembre del año pasado y hasta el 31 de enero de 2021, han sido asesinados 64 actores políticos en México, reportó Integralia Consultores.

La consultora, que dirige Luis Carlos Ugalde, dio a conocer, mediante el reporte Violencia política en México, que de ese total, 17 eran funcionarios municipales, seis activistas, cinco funcionarios federales y estatales, cinco aspirantes a elección popular, cuatro periodistas, tres líderes partidistas, tres expresidentes municipales, tres legisladores locales, dos presidentes municipales, dos jueces, dos funcionarios de fiscalías locales y 12 de otros ámbitos de la política.

De estos asesinatos, destacaron el de Aristóteles Sandoval (PRI), exgobernador de Jalisco, quien fue baleado en un bar de Puerto Vallarta, en diciembre; el de Florisel Ríos Delfín (PRD), alcaldesa de Jamapa, Veracruz, quien fue secuestrada y asesinada en noviembre; el de Carlos Beltrán Bencomo (PRD), alcalde de Temósachic, Chihuahua, quien fue secuestrado y asesinado en septiembre, y el de Juan Antonio Acosta Cano (PAN), diputado local y precandidato a la alcaldía de Juventino Rosas, Guanajuato, quien fue asesinado en la vía pública en enero.

En el mismo periodo, Integralia contabilizó 73 incidentes de violencia política y 88 víctimas en el país y estimó que en la mayoría de los casos los perpetradores eran integrantes de grupos del crimen organizado.

Además, informó que 54.7 por ciento de los incidentes de violencia política fue en contra de funcionarios en activo; 17.8 por ciento, en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular; 12.3 por ciento fue en contra de exfuncionarios, y 15.07 por ciento fue en contra de activistas y periodistas.

Las tres entidades federativas con más víctimas de incidentes de violencia política son: Oaxaca, con nueve muertos y un herido; Guanajuato, con siete muertos y dos heridos, y Veracruz, con cinco muertos y tres heridos.

De acuerdo con el análisis, el porcentaje de incidentes de violencia política por partido se dividió de la siguiente manera: 32 pertenecían a Morena, 23 al PRI, 16 al PRD, 13 a Movimiento Ciudadano, seis al Partido Verde, tres al PAN, tres a Encuentro Solidario y tres al Partido del Trabajo.

En tanto, Integralia señaló que en septiembre del año pasado se registraron 23 víctimas de incidentes de violencia política; en octubre, 16; en noviembre, 22; en diciembre, 18; y en enero de este año, nueve.

Por otra parte, del total de las víctimas de violencia política, 76 fueron hombres y 12 mujeres.

Nacionales

No se negocia la ley: Claudia Sheinbaum reafirma cobro justo de impuestos

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este lunes que en su gobierno no habrá negociaciones “en lo oscurito” para reducir el pago de impuestos, dejando claro que cada contribuyente debe cumplir con lo que le corresponde por ley.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria federal recordó que en el pasado existieron mecanismos de consolidación fiscal que permitían a grandes empresas minimizar su carga tributaria, pero advirtió que esos tiempos han quedado atrás.

“Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. Sentarnos a negociar qué sí y qué no… eso no va a ocurrir. Como decía Benito Juárez: nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de derecho para todas y todos”, enfatizó.

Sheinbaum explicó que su administración no realizará mesas técnicas ni acuerdos discrecionales, aunque aclaró que el derecho de audiencia de los contribuyentes se mantiene intacto.

“Las puertas del SAT siempre estarán abiertas para cualquier persona, pero la ley es la ley”, subrayó la presidenta, descartando que esta postura represente autoritarismo.

La jefa del Ejecutivo insistió en que el objetivo es garantizar un sistema fiscal equitativo, donde empresas y ciudadanos paguen lo que les corresponde, fortaleciendo así las finanzas públicas y evitando privilegios que antes beneficiaban a unos cuantos.

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