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La Internacional Villahermosa

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Barbosa reclama a INSABI no enviar medicamentos a Puebla

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, reclamó al Instituto de Salud para el Bienestar no haber enviado medicamentos al estado, a pesar de que su sistema de salud está inscrito en ese esquema.

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Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, reclamó al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no haber enviado medicamentos al estado, a pesar de que su sistema de salud está inscrito en ese esquema.

“Puebla y su sistema de salud, que pertenecen al esquema Insabi, no recibió medicamentos en enero y no ha recibido en febrero. Por tanto, tenemos que salir al paso buscando medicamentos de toda índole para covid y para otros, como los oncológicos”.

En conferencia de prensa, además de señalar la significativa inversión de su gobierno en recursos para contener la pandemia, denunció que las farmacéuticas se están aprovechando del momento por el que Puebla está atravesando.

José Antonio Martínez García, titular de la Secretaría de Salud (SSA), el gobierno estatal ha destinado más de 2 mil millones de pesos para la compra de insumos, entre los que se encuentran medicamentos, suministros médicos, ventiladores, material de curación y prendas de seguridad y protección.

A la lista se suman las pruebas de detección de virus, el mantenimiento de las tomas de oxígeno, equipo médico, insumo para los laboratorios, oxímetros y contratación de personal, entre otros. Respecto a las vacunas contra la covid19, el secretario de Salud no sabe cuándo llegarán las vacunas ni cuántas se aplicarán en el territorio.

Barbosa Huerta no descartó que la situación de Puebla se esté replicando en otras entidades del país.

Derivado de lo anterior, el gobernador llamó a la ciudadanía a ser responsable y respetar todas las medidas de sanidad, porque “no habrá inversión que alcance para atender a quienes pudieran contagiarse”. Sin embargo, afirmó que su gobierno responderá a las necesidades de salud que tenga la población.

Actualmente, Puebla registra once meses combatiendo la pandemia con un saldo de 62 mil 857 casos positivos de covid19 y 8 mil 252 decesos.

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Cisen grabó 40 videos de “tortura a testigos” en caso Iguala

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El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios en los que varios testigos del caso Ayotzinapa que presuntamente estaban involucrados en la desaparición fueron torturados.

“Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada”, aseguró el fiscal especial del caso, destacando que “tenemos más de 40 vídeos que fueron aportados a la investigación […] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables”. 

El material forma parte del expediente que tiene la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa; el cual documenta la manipulación «masiva y sistemática» de las evidencias para fabricar la verdad histórica, de acuerdo con Milenio.

Dichos interrogatorios se realizaron entre octubre de 2014 y enero de 2015. Los funcionarios consultados por el periodista Temóris Greko revelaron que en los videos aparecen el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón; el jefe antisecuestros, Gualberto Ramírez; así como otros funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), miembros de las fuerzas de seguridad y abogados de oficio asignados a la defensa de los detenidos.

El objetivo era «desinstalarlos” intelectual y emocionalmente, es decir que se olvidaran de lo que sabían que pasó, para que repitieran la verdad histórica. Por ello, los sometieron a tratos inhumanos.

La investigación determinó que la voz que se escucha en varios videos es la de Tomás Zerón, de acuerdo con un peritaje internacional. Además, en el expediente están documentados escenarios del crimen, fabricación de pruebas; destrucción o inutilización de evidencias; omisión de procedimientos y de líneas de investigación; indagatorias insuficientes o desestimadas; desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos están distribuidos en 57 carpetas digitales que también contienen pruebas forenses, incluidas las de los teléfonos celulares que fueron extraídos de forma ilegal por la PGR. La Unidad de Investigación del caso utilizará las evidencias y testimonios para sustentar denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos que falsificaron la investigación oficial.

Con información de Milenio

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