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La Internacional Villahermosa

Nacionales

Sequía en Guanajuato deja al descubierto iglesia que estuvo más de 40 años bajo el agua

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Las altas temperaturas en Guanajuato han provocado una sequía que, además de afectar a los municipios del Corredor Industrial y al sector agrícola, dejó al descubierto una iglesia que permaneció más de 40 años bajo el agua.

Se trata de la Virgen de los Dolores, cuya edificación data de mediados del siglo XIX, aunque fuentes documentales sitúan su nacimiento en el siglo XVIII, era el corazón de la comunidad de El Zangarro, relevante de la época virreinal porque ahí se situaban oficinas del registro civil y la vicaría de la entonces conocida como Villa Real de Mina de Guanajuato.

La directora del Archivo Municipal de Irapuato, Dulce María Vázquez, ubicada a 25 kilómetros del templo, dijo:

“Era concurrido el lugar, la parroquia, porque ahí se encontraba el registro civil y la vicaría, tenía el permiso para realizar ese tipo de trámites, por eso era un lugar muy importante”.

No obstante, la historia de la comunidad llegaría a su fin con un decreto presidencial firmado en 1979 por el entonces presidente José López Portillo.

Y es que se ordenó que en las mil 200 hectáreas que abarcaba el poblado se construyera una presa, hoy conocida como La Purísima.

Agrega que la indicación obedeció a que seis años antes, un sábado 18 de agosto, Irapuato se inundó por completo tras el desborde de la presa El Conejo.

“Cuenta la historia oral que les costó mucho irse del lugar, más que por las construcciones, por el sentido de pertenencia al lugar. (…) Unos cuantos se resistieron hasta que vieron que ya era una realidad que el agua llegaría para cubrir todo el poblado”, narró Dulce Vázquez.

Por ello, los habitantes de El Zangarro fueron reubicados en terrenos cercanos, y refundaron su comunidad preservando el mismo nombre.

A pesar del paso de los años y de estar inundado, el Templo de la Virgen de los Dolores sobrevive y es hoy un atractivo que atrae a visitantes y curiosos que buscan fotografiar el vestigio.

Nacionales

Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar fueron acusados por cerrar procesos judiciales en un fraude por más de 2 mil 500 millones de pesos

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Se presenta nueva denuncia en contra del exministro Arturo Zaldívar y su mano derecha, Carlos Alpízar, por intentar cerrar procesos judiciales en un fraude por más de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal.

A inicios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detectó un desvío de recursos por 2 mil 500 millones de pesos por diversas compras irregulares realizadas dentro de la Policía Federal durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Por lo que en agosto del 2020, a petición de la FGR se giró una orden de aprehensión por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y crimen organizado en contra de 19 funcionarios de la extinta Policía Federal.

En días recientes, el magistrado federal Alberto Roldán Olvera denunció que entre 2020 y 2021 fue presionado por Carlos Alpízar, exmano derecha de Arturo Zaldívar, para emitir una resolución a modo en un amparo presentado por Frida Martínez, con el argumento de que “las reformas” dependían de ello.

Con el respaldo de grabaciones telefónicas, el magistrado probó la presiones y castigos que el círculo cercano del exmagistrado ejercian sobre él, durante el desarrollo de las investigaciones del fraude en la Policía Federal. Al mismo tiempo que el Congreso de la Unión discutía la llamada Ley Zaldívar, para ampliar el mandato del expresidente de la Corte, que fue avalada el 23 de abril de 2021, y luego declarada inconstitucional por el pleno de la SCJN.

Arturo Zaldívar y Carlos Alpízar, entonces secretario general del Consejo de la Judicatura Federal, consiguieron intervenir en la resolución de diversos amparos referentes al caso, el cual sigue abierto, ya que aun no han habido detenidos. Por su parte, los acusados podrían enfrentar diversas investigaciones por faltas administrativas graves ante la SCJN y el CJF.

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