Internacionales
Rusia planea aumentar multas por exponer a niños a “propaganda LGBT”

Rusia considera duplicar las multas por exponer a los niños a lo que llama “propaganda LGBT” y convertir cualquier evento o acto que se considere que promueve la homosexualidad en un delito administrativo, mostró el texto de la nueva legislación propuesta que se hizo público el miércoles.
La ley de “propaganda gay” existente en Rusia, aprobada en 2013, prohíbe que cualquier persona o entidad promueva relaciones homosexuales entre niños, aunque los parlamentarios argumentaron en julio que la ley debería extenderse para incluir también a los adultos.
Según la legislación propuesta, la sanción por promover “relaciones sexuales no tradicionales” entre los niños se duplicaría a 2 millones de rublos (33.000 dólares) para las entidades, y aumentaría a 5 millones de rublos si el delito se cometiera en línea o en los medios de comunicación.
Las personas podrían recibir multas de hasta 400 mil rublos, mientras que los extranjeros que difundan “propaganda LGBT” se enfrentarían a la deportación de Rusia. Actualmente, la responsabilidad solo se aplica a la propaganda LGBT entre los niños.
“A mis colegas del comité y a mí nos gustaría extenderla a cualquier propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, independientemente de la edad”, señaló el legislador Alexander Khinshtein. Se espera que el proyecto de ley se debata después del inicio de la sesión de otoño boreal de la Duma estatal, agregó Khinshtein.
Las autoridades rusas dicen que están defendiendo la moralidad frente a lo que argumentan son valores liberales no rusos promovidos por Occidente, pero los activistas de derechos humanos dicen que la ley se ha aplicado ampliamente para intimidar a la comunidad LGBT de Rusia.
La aplicación para compartir videos, Tiktok, fue amenazada con una multa de 4 millones de rublos el martes después de que un tribunal ruso escuchó que promovía “videos con temas LGBT”, al tiempo que el regulador de medios del país le pidió a un sindicato de editoriales la semana pasada que considerara retirar de la venta todos los libros que difunden “propaganda LGBT”.
Las autoridades habían usado previamente la ley para frenar marchas del orgullo gay y detener a activistas por los derechos de los homosexuales. Las últimas propuestas, si se aprueban, ampliarían significativamente el alcance de esta ley.
En el índice “Rainbow Europe” de este año recopilado por ILGA-Europa, una clasificación de las naciones más amigables con los derechos LGBT en Europa, Rusia ocupó el penúltimo lugar.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.