La Asociación Mexicana de Impartidores y Operadores de Justicia en Materia de Adolescentes convocó al Diálogo entre sistemas de protección integral de este sector de la población, y destacó que para el Estado mexicano es prioritario lograr la plena la reinserción social de infantes y jóvenes en conflicto con la ley, pero se requiere del trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno.

Por ello, el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la asociación mexicana se comprometieron a incrementar espacios de comunicación entre los sistemas de justicia y de protección de la infancia y adolescencia, con la finalidad de robustecer políticas públicas –tal como ocurrió en Tabasco el 20 de febrero pasado–, y revisar el plan de estudios de la especialidad en justicia para adolescentes.

En febrero, durante la segunda sesión ordinaria del Sistema de Protección Integral, la titular del DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, expresó que se debe privilegiar el respeto de los derechos de los menores a tener educación, salud, un trato digno, cuidados diarios y atención a sus actividades, y agradeció al Poder Judicial, encabezado por el magistrado Enrique Priego Oropeza, y el resto de las instituciones, el trabajo incondicional realizado en pro del desarrollo de este segmento poblacional.

En esa ocasión se crearon la Comisión para la Primera Infancia, que abonará a un sistema de protección con enfoque de derechos, que encuadren oportunidades de los infantes desde su gestación hasta los seis años, y la Comisión Especial de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto estatal como municipal, que procurarán la protección integral de este sector vulnerable.
Consolidar Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.

En el diálogo efectuado vía remota, en el que participaron autoridades federales, de las secretarías ejecutivas de los sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, jueces y magistrados de entidades federativas, se abordaron temas como el enfoque para garantizar derechos humanos en la justicia especializada y la coordinación interinstitucional para consolidar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En representación del Poder Judicial de Tabasco, el juez Gilberto Melquiades Miranda Díaz resaltó el compromiso del magistrado Enrique Priego con la justicia para adolescentes, y señaló que es elemental garantizar los derechos humanos de los menores sometidos a un proceso judicial, ya que de esto depende cómo responderán en el futuro. “Si tenemos ese cuidado en una etapa crucial de su desarrollo lógicamente que vamos a tener personas productivas, que van a funcionar en sociedad y con ello abatimos la inseguridad, la delincuencia juvenil”, sostuvo.

Con ello se da cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño –tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990– y otros tratados que México ha suscrito donde se establecen lineamientos del sistema integral de justicia juvenil. Éste requiere el establecimiento de unidades especializadas en la policía, la judicatura, el sistema judicial y la fiscalía y la disponibilidad de defensores u otros representantes para asistir adecuadamente a los menores de acuerdo a su edad.
Miranda Díaz, juez de tribunal de enjuiciamiento para adolescentes, aseguró que el sistema ha permitido disminuir los índices delictivos. Refirió que en comparación de 2017 en la actualidad de cada diez delitos en Tabasco tres son cometidos por jóvenes. Hace tres años cuatro de cada diez ilícitos eran perpetrados por adolescentes, en su mayoría robo en sus diferentes modalidades, lesiones y violación, entre otros.

La primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal indica que 37.8 por ciento de los adolescentes sancionados en este sistema fue acusado por el delito de robo, 16.8 por ciento por homicidio, 12.5 por violación y 9.0 por ciento por lesiones, entre otros.
El juzgador tabasqueño consideró debe haber un cambio de mentalidad y apuntó que las medidas sancionatorias que se disponen en la ley nacional para adolescentes son de carácter socioeducativo y no punitivo. Es decir, las medidas buscan socializar y educar a ese menor involucrado en una conducta delictiva para evitar que reincida.

Hasta 2017, 82.2 por ciento de los adolescentes atendidos mediante el sistema de justicia penal había recibido al menos una medida sancionatoria. De esa cifra, 78.8 por ciento recibió medidas de sanción no privativas de la libertad, y el resto, medidas de sanciones privativas de la libertad y de estancia domiciliaria.

En estos casos –dijo– si lo que se busca es reintegrar a ese niño, niña o adolescente todas las instituciones deben trabajar para garantizar que reciban atención en salud, educación, que se les busquen familias de acogida en caso de no tenerla, porque de eso dependerá que no reincidan en una conducta delictiva. “Si se les garantizamos su educación, buena alimentación, estar pendientes de su salud, todo lo que sus derechos representan de manera integral, lógicamente que cuando salga esa persona podemos asegurar que no va a cometer un delito, y si lo comete no será tan grave o con saña”, comentó.

En 2017, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, 96.5 por ciento de los jóvenes que cumplía internamiento como sanción, manifestó que una vez cumplida esta pena podría reinsertarse laboralmente, y el resto estimó volver a la escuela. En Tabasco solamente tres de cada diez jóvenes reinciden en la comisión de un delito.
Miranda Díaz aseveró que el Estado mexicano registra 85 por ciento de cumplimiento respecto al trato y respeto de los derechos humanos que se debe tener con niñas, niños y adolecentes, pero aún falta mucho por hacer.