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Nacionales

Remueven a Juez de caso de María Elena Ríos

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El juez Teodulo Pacheco Pacheco fue considerado no apto para conducir el juicio de la saxofonista María Elena Ríos, por lo que el juzgador ya no estará vinculado al proceso legal.

La determinación de removerlo, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio luego de que el juez concedió el cambio de medida cautelar al acusado de ordenar el ataque con ácido contra la artista oaxaqueña, acción que permitía que quien fuera diputado local del PRI, Juan Vera Carrizal, dejara la prisión preventiva y pasará a un arresto domiciliario.

“Se trata del juzgador que otorgó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI y presunto autor intelectual de la agresión en contra de la joven (María Elena Ríos)”, se lee en una diapositiva mostrada este lunes en la conferencia matutina.

López Obrador reafirmó su compromiso de castigar a los responsables de crímenes contra mujeres en el país.

“No va a haber impunidad para nadie. Que las mujeres tengan la seguridad absoluta, y les hablo con el corazón, de que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometan abusos contra mujeres”, puntualizó.

La agresión, perpetrada en septiembre de 2019, ha significado para María Elena Ríos varias operaciones quirúrgicas para injertarle piel obtenida de su mismo cuerpo de las lesiones que le causó el ácido en rostro, mano y cuello.

En México, en los últimos 20 años, al menos unas 30 mujeres han sido atacadas con ácido, de acuerdo con un registro de la Fundación Carmen Sánchez, nombre de una víctima atacada en 2014.

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Nacionales

ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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