Un juez de control vinculó a proceso y fijó un año de prisión preventiva para Carlos “N” arrendatario de un domicilio donde se fincó un falso “call center”, en Zapopan, Jalisco, del que desaparecieron ocho jóvenes trabajadores que fueron asesinados.

El delito por el que se le señala es el de encubrimiento, por rentar su espacio a quienes realizaban actividades ilícitas ofreciendo tiempos compartidos y cobro de hipotecas vencidas a extranjeros, principalmente estadounidenses.

El fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, refirió que las investigaciones sobre el caso continuarán para lograr la detención y juicio, en contra de las otras personas involucradas, ya que hasta el momento Carlos “N”, es la única persona detenida.

Las ocho personas que trabajaban en esta empresa desaparecieron entre el 20 y el 26 de mayo, pero el 31 de mayo fueron encontradas sin vida en un barranco de la Colonia Mirador Escondido, en Zapopan, entre 50 bolsas con restos de personas.

El fiscal Méndez Ruíz dijo sobre esto que continúan los trabajos de identificación sobre los restos recuperados.

De acuerdo con datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, existen antecedentes de que desde el 2014 este tipo de sitios operaban como parte de la diversificación económica del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, sostiene que hay información que revela que este grupo criminal se dedicaba al fraude con la venta de tiempos compartidos, en Puerto Vallarta y otros sitios, donde las víctimas eran personas adultas mayores a quienes se les esquilmaron “los ahorros de su vida”.