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Presidente de Nicaragua ataca de nuevo al Vaticano y llama “tirano” a Juan Pablo II

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha vuelto a arremeter contra la Iglesia católica y el Vaticano y calificado a San Juan Pablo II de “dictador” y “tirano“, en un discurso televisado y enviado a la prensa este jueves por el Gobierno de Managua

En su intervención, Ortega recordó la primera visita que hizo a Nicaragua el papa Juan Pablo II, el 4 de marzo de 1983, cuando el país centroamericano era gobernado por los sandinistas, y durante una misa ofrecida en una plaza de Managua tuvo que gritar “silencio” a simpatizantes del Gobierno que gritaban “queremos la paz”, en medio de la eucaristía.

Según el mandatario, el papa se molestó por el grito “Queremos la paz” y porque las madres de sandinistas caídos en la guerra civil de esa década rogaron por una oración, pero no la recibieron.

No la hizo (la oración), más bien se molestó y gritó: silencio, como un buen dictador, como un buen tirano”, lanzó Ortega.

El líder sandinista insinuó, sin presentar pruebas, que Juan Pablo II llegó en esa ocasión a Nicaragua “con la mentalidad totalmente alejada de la esencia de Cristo y del cristianismo, y venía manipulada por el Gobierno (estadounidense) de Ronald Reagan”.

Karol Wojtyla, nombre de pila de Juan Pablo II, estuvo en Nicaragua por primera vez en marzo de 1983, y en esa ocasión, además de gritar “silencio” a las masas sandinistas, amonestó públicamente al poeta y sacerdote trapense fallecido Ernesto Cardenal, por mezclar la religión con la revolución.

Según el artículo testimonial “La vergonzosa encerrona de los sandinistas al papa Juan Pablo II”, del periodista Alberto García Marrder, quien cubrió esa visita papal a Nicaragua para EFE, “fue repudiable, vergonzoso, cruel y grotesco” lo que sufrió Su Santidad en la plaza.

“Fue cuando turbas sandinistas profanaron una misa al aire libre del papa Juan Pablo II en el momento cumbre de la consagración”, contó en su artículo.

Recordó que el papa, sorprendido por ese desafío a su autoridad, contestaba con la voz ya ronca: “La Iglesia también quiere la paz”, pero que de nada servía, porque seguían los gritos.

“Su Santidad había enfurecido a las turbas cuando, saliéndose del discurso oficial y claramente refiriéndose al sandinismo, recordó el pasaje del Evangelio de San Mateo 7:15-27: “Cuídense de los falsos profetas. Se presentan con piel de cordero, pero por dentro son lobos feroces”, relató García Marrder.

Nicaragua en 1983 vivía una guerra civil entre la “Contra”, financiada por Estados Unidos, que combatía desde las montañas a los sandinistas, aliados de la extinta Unión Soviética y Cuba.

Para Ortega, San Juan Pablo II respondió a la multitud hace 40 años de una forma “nada cristiana”.

Tras partir de Nicaragua, agregó el dirigente sandinista, se hizo “un escándalo mundial, diciendo que le habíamos faltado el respeto al papa por gritar que ¡Queremos la paz!”.

Juan Pablo II visitó Nicaragua por segunda vez en febrero de 1996, cuando gobernaba Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y en esa ocasión calificó de “gran noche oscura” su primera visita al país.

“Ahí tuvo otra expresión famosa que indicaba claramente su preferencia política, ideológica y no cristiana”, comentó Ortega, en referencia a ese calificativo.

Sobre el Vaticano, Ortega dijo que “es un Estado más en el mundo”, que “se ha convertido en un Estado más, intervencionista, al servicio de los imperialistas de la Tierra”, y los invitó a recapacitar.

Ahí no hay democracia. Tiene un mando totalmente vertical, como lo ejercían los emperadores romanos. Igualito que como lo ejercían los emperadores romanos, igual que como lo hacía Nerón, Calígula”, reprochó.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, o la prohibición de actividades religiosas.

El presidente Ortega ha llamado “mafia” a sacerdotes, obispos, cardenales y al papa Francisco, quien ha tildado de “dictadura grosera” al Gobierno sandinista en una reciente entrevista con Infobae, ha señalado “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.

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Congreso de Perú aprueba informe que acusa a Pedro Castillo por actos de corrupción

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El pleno del Congreso de Perú aprobó un informe final que recomienda acusar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por presuntos delitos de corrupción y organización criminal en la ejecución de proyectos de inversión en varias municipalidades y bajo la dirección del ministerio de Vivienda.

El informe final de la Comisión de Fiscalización fue aprobado por 59 votos, después de que el legislador fujimorista Héctor Ventura lo sustentó y recomendó formular acusación constitucional contra Castillo, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, la esposa del exmandatario Lilia Paredes, su hermana Yenifer Paredes, altos funcionarios, alcaldes y empresarios involucrados.

La investigación parlamentaria sostiene que los delitos de corrupción se cometieron durante la ejecución de proyectos de inversión en el contexto de la actuación de una presunta organización criminal, liderada por Castillo, según indicó el Congreso en Twitter.

Los delitos fueron denunciados en reportajes periodísticos en los que se observó a la hermana de Lilia Paredes, Yenifer Paredes, acudiendo a ofrecer obras de saneamiento en distritos rurales con el financiamiento del ministerio de Vivienda o de los municipios, a cargo de empresas de amigos suyos y en las que ella misma trabajaba.

A raíz de estos hechos, Castillo iba a ser sometido a un juicio político por el Parlamento y debía presentarse ante el pleno para responder a las denuncias en su contra, cuando decidió el pasado 7 de diciembre anunciar un golpe de Estado, el cierre del Congreso e instaurar un gobierno de emergencia.

El exmandatario fue detenido minutos más tarde de su anuncio de un “autogolpe” y recluido en el penal de Barbadillo por el presunto delito de rebelión, mientras que su esposa e hijos viajaron a México, donde el mandatario de ese país les dio asilo.

Precisamente, este jueves, la Fiscalía indicó que Lilia Paredes puede ser condenada a un mínimo de ocho años de prisión en el proceso que se le sigue por presuntamente integrar en una organización criminal al interior del Gobierno de Perú.

“Este Ministerio Público concluye, como prognosis concreta de pena (conocimiento anticipado de un suceso), que al momento de llegarse a condenar, si es que así fuera, se le impondría no menos de 8 años de pena privativa de la libertad”, sostuvo el fiscal José García al exponer durante una audiencia judicial para pedir su detención preventiva.

Al presentar los argumentos del pedido de variación de comparecencia simple a 28 meses de prisión preventiva contra Paredes y otros investigados, el fiscal dijo que se atribuye a la ex primera dama ser “coordinadora de una presunta red criminal en el Ejecutivo” que presidió su esposo entre julio de 2021 y diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado.

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