Internacionales
Presenta Arturo Zaldívar proyecto para sancionar feminicidios

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó un proyecto de iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio; así como reformas al artículo 73 para agregar delitos como secuestro o trata de personas. Además, esta ley obliga a emitir un protocolo nacional de investigación de feminicidios.
“No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas, y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado ante los feminicidios que se registran en el país”, señaló.
Afirmó que el país vive una tragedia colectiva, mediante la cual entre 10 y 11 mujeres son asesinadas de manera violenta todos los días.
En el marco de la Agenda Legislativa para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y el Feminicidio, el ministro Zaldívar se pronunció por abrir el diálogo y construir soluciones para resolver este “problema tan grave que son los feminicidios”.
Indicó que uno de los problemas que estructuralmente tiene el feminicidio es que no está definido de manera adecuada y uniforme, pues cada estado lo conceptualiza de una forma diferente y generando múltiples inconvenientes, entre ellos:
“No pueden seguir matando impunemente a las niñas y mujeres mexicanas y las autoridades no podemos seguir mirando hacia otro lado. Tenemos un compromiso con la gente, sobre todo, con las mujeres y niñas de México. (…) Me parece que un asunto de tal gravedad, que llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas, todos los poderes del Estado debemos estar del mismo lado, aquí no debe haber intereses partidistas, personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente el avanzar a revertir este mal que no podemos seguir tolerando”, mencionó.
Mencionó que, para responder a esto, en la Corte, aunque no tiene la facultad de iniciativa, se elaboró un proyecto de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio.
Precisó que la ley no es solamente punitiva, pues establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación, así como medidas de asistencia, protección y reparación integral, “no es una ley punitivista, sino que es una ley que busca prevenir y una reparación integral”.
Indicó también que esta ley establece un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios.
Dijo que para generar una reflexión colectiva y visibilizar este fenómeno, la SCJN produjo la serie El Caníbal de Atizapán, que se transmitió recientemente y tuvo un enorme éxito en la población, con un alcance de 27.6 millones de personas.
Reconoció que con esta serie se logró el objetivo de “generar una reflexión, de conmocionar a la sociedad y de hacer entender que la única manera de avanzar es con una alianza entre las autoridades y la sociedad”.
En entrevista, se refirió al tema de usos y costumbres que aparece en su propuesta y aclaró que se deben respetar, “pero no pueden estar por encima de los derechos humanos”, relató.
Por otra parte, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, declaró que ninguna sociedad puede aspirar a la justicia cuando se permite que el feminicidio, que es la más extrema de las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, se normalice.
Por ello, propuso la creación de una Comisión Nacional Anti-Homicidios y Anti-Feminicidios, que permita superar las limitaciones que actualmente tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), así como la homologación del feminicidio en todas las entidades federativas.
Asimismo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió a socializar con la bancada de Morena y las demás fuerzas políticas en San Lázaro la propuesta del ministro Arturo Zaldívar, para que se analice, discuta y, en su caso, se apruebe.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.