La hija de ocho años del periodista Miguel Mendoza, condenado a 9 años de cárcel por traición a la patria y considerado un “preso político”, se reunió con su padre 18 meses después de haberlo visto por última vez, cuando fue arrestado, informó la esposa del reportero, Margin Pozo.

“Este 25 de diciembre, para la honra y gloria de Dios, (Alejandra) volvió a compartir con él (Mendoza) y se sintió la niña más feliz del mundo”, compartió Pozo en su cuenta en Facebook.

Mendoza fue capturado en junio de 2021 en una ola de arrestos contra aspirantes a la Presidencia, líderes opositores y críticos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el marco de las elecciones generales de noviembre de ese año en las que resultó reelegido en medio de denuncias de un supuesto fraude.

Desde entonces, los familiares del periodista deportivo denunciaron que a este se le prohibió cualquier tipo de contacto con su hija, incluyendo cartas, dibujos o fotografías, incluso cuando supuestamente hizo una huelga de hambre para forzar un reencuentro en agosto.

“El año pasado fue un diciembre muy difícil para la familia, porque no nos permitieron tener ningún tipo de comunicación con Miguel. Alejandra llegó a pensar que Dios se había olvidado de ella en Navidad. Duele mucho verla llorar”, sostuvo Pozo.

“Podemos compartir que sí ha escuchado nuestras oraciones, ha sido testigo de nuestro sufrimiento y más el de una niña”, agregó.

Mendoza, considerado como un “preso político” por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue condenado por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.

El periodista forma parte de un grupo de más de 255 “presos políticos” identificados por la CIDH, a quienes Ortega se ha referido como “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

Nicaragua vive una crisis que inició con masivas protestas antigubernamentales en 2018, que fueron reducidas con ataques armados en los que, según la CIDH, murieron 355 personas, de las cuales Ortega ha admitido 200.