El Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) perdonó un delito de defraudación fiscal a Rodrigo Ruiz, uno de los socios de Balam Seguridad Privada, empresa vendedora del software espía Pegasus, informó este miércoles la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Un socio de la empresa Balam, que le vendió a la (entonces) Procuraduría General de la República (PGR) el malware espía, fue uno de los cinco casos de perdón fiscal en el gobierno de Peña Nieto”, destacó MCCI en el informe.

Unos documentos en posesión de la ONG prueban que el empresario de 36 años acusado en 2014 fue uno de los casos en los que la Secretaría de Hacienda solicitó al Poder Judicial desestimar la acusación.

Se señala al entonces subprocurador fiscal, José Ulises Gómez Nolasco, como la persona que envió al juzgado un oficio para solicitar el sobreseimiento (desistimiento de la acción penal).

En el documento puede leerse que Ruiz se comprometió entonces a un castigo mínimo, el de repartir panfletos en restaurantes y bares para concienciar a los jóvenes de que paguen sus impuestos.

De esta forma se retiraron los cargos presentados el 23 de octubre de 2014, cuando la SHCP presentó una querella porque Ruiz consignó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ingresos menores a los realmente obtenidos en el ejercicio fiscal de 2011.

Con ello se provocó un daño al erario de 1.35 millones de pesos.

Según señala MCCI, fue entre 2013 y 2015 cuando Hacienda perdonó el adeudo de Ruiz.

El 4 de abril de 2016 el juzgado emitió una resolución tras la petición hecha por la SHCP, y otorgó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria.

“Por consecuencia se declara extinguida la acción penal”, se lee en la resolución judicial.

El malware espía Pegasus fue comprado por la desaparecida Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) a razón de 32 millones de dólares al Grupo Tech Bull, una filial de Balam Seguridad Privada.

El software se infiltra en teléfonos móviles a través de un mensaje de texto con un enlace que, al ser activado, facilita la instalación secreta del programa que permite el monitoreo de toda actividad del teléfono celular, incluyendo correos electrónicos, mensajes encriptados, llamadas, cámara y micrófono.

Los afectados por el espionaje fueron miembros de la sociedad civil mexicana, periodistas, líderes de partidos de oposición y funcionarios de organismos internacionales.

Las personas investigadas hicieron pública información sobre corrupción, contratos públicos irregulares, decisiones de salud pública y violaciones graves a los derechos humanos.

MCCI indicó que Ruiz no es el único beneficiado con el perdón fiscal, apuntando a otros expedientes sobreseídos durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“La SHCP, amparada en una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se negó a informar la identidad de las personas beneficiadas”, apuntó la institución.