15/11/2024 | Antonio Caraveo Maldonado

• Evidencian a un magistrado del TSJ por vender justicia desde 2022, vía la jueza Orozco.
• A golpe de 33 amparos han doblegado a la jueza, quien no entiende; corrupción en el DIF.
• Más allá del llamado a la unidad desde Palenque en voz de “Andy”, ¿disminuirá la inseguridad?
• Pillan a Merino por no pagar retroactivos de 2023 a docentes de Conalep, Cecyte y Cobatab.

La justicia.
La disputa comenzó en la Fiscalía General del Estado (FGE) y escaló al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por la custodia de un menor de edad.

Va parte de la historia iniciada en 2022: uno de los involucrados tenía de su lado a los funcionarios de ambas instituciones en el sexenio pasado, vía el director del Órgano Interno de Control de la Función Pública, Carlos Arturo Córdova Cobos, tío de una de las partes.

A esa maniobra gandalla se le ha ido enfrentando a golpe de amparos, lo que ha permitido avanzar en el proceso y, al mismo tiempo, impedir la detención ilegal del presunto inculpado, Juan Manuel “N”.

Ayer apenas, le dieron otro revés a la juez 2ª Familiar de Primera Instancia, Martha Eugenia Orozco Jiménez, con la resolución de un nuevo amparo, el número 33 en menos de dos años de litigio.

En uno de los párrafos de la resolución del amparo se cita: “No obstante, la ilegalidad de su determinación (de la jueza Orozco), se encuentra inmersa en el apercibimiento…”.

Todo es derivado del “Análisis de cumplimiento del juicio de amparo 217/2023-VIII y sus acumulados 584/2023, 1283/2023 y 1147/2023”.

Retornando a la jueza Orozco, no tiene argumento alguno, pues no ha dado resolución a la petición de una valoración de salud mental de Naselly, según consta en el expediente, cuando dicha prueba es de capital importancia.

Aquí tampoco se salva la juez Lorena Denis Trinidad, quien al iniciar el juicio ocultó evidencias físicas de la agresión sufrida por el menor a manos de su madre.

Al final, quien mueve los hilos es el magistrado Óscar Pérez Alonso, protegido por una secta religiosa y motivado por intereses económicos. Junto a esto, se señala al periodista Jacinto López Cruz como alguien afecto al juego de azar.

Por cierto, la titular del Instituto de la Mujer, Claudia Magaña, no debe dejarse sorprender por las manipulaciones de la señora Naselly “N”.

Al final, los amparos exhiben a la jueza por inclinar la balanza. Ya lleva 33 en su contra.

Cuando el titular del Poder Judicial, Efraín Resendes Bocanegra, y el responsable de la Fiscalía, José Barajas, se enteren del cochinero en estos juicios, sin duda meterán orden.

DE BAJADA

a) ¿La convocatoria del expresidente AMLO, vía “Andy” López Beltrán, a la unidad entre el grupo de Javier May, Octavio Romero y Adán Augusto López, disminuirá el espiral de violencia? Un dato: siendo gobernador, Adán Augusto tuvo un desliz en octubre de 2019, cuando ventiló que no aceptaría un contrato leonino con Pemex, cuyo titular era Octavio Romero. Ese detalle trajo cola. Poco tiempo después, el diario Reforma destacó en ocho columnas que los secretarios de Adán ganaban más que López Obrador. Ese mismo día, al filo de las 10:13 horas, desde Campeche, el Presidente declaró: “Me gustaría que los gobiernos de Quintana Roo, Tabasco y Veracruz tuvieran la misma seguridad que Campeche y Yucatán”. La cereza en el pastel llegó a las 14:24 horas con el asalto al catamarán en Puerto Ceiba. Los temas de inseguridad, en ambos casos, se mantienen.

b) El gobierno federal proyecta cancelar las vacaciones decembrinas de los burócratas, así como no crear nuevas plazas ni prolongar contratos, según datos aportados por José Ureña en su columna Teléfono Rojo del diario 24 Horas. En Tabasco, esta medida podría replicarse. Por lo pronto, ya está en marcha la disminución de la planta burocrática. La meta es cancelar siete mil plazas, ya sean contratos o bases. El desafío es liquidarlas adecuadamente para evitar miles de demandas. Sin embargo, habrá vacaciones.

c) La corrupción expuesta en el DIF-Tabasco no es un asunto menor, especialmente cuando se denunciaron vehículos de la institución usados para distribuir cervezas a una tienda de conveniencia. Este caso fue denunciado por un reportero, pero el gobierno de Carlos Merino hizo mutis. Esa mancha se traslada ahora al ámbito federal.

d) En el diálogo entre los maestros de Conalep, Cecyte y Colegio de Bachilleres con las autoridades federales de educación, en medio del paro nacional, se aclaró que los recursos para el pago de sus prestaciones de 2023 fueron enviados a los gobiernos estatales. Sin embargo, en Tabasco no se han pagado. Hay mucho por investigar para saber dónde quedaron esos recursos.

e) El alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, gestiona terrenos para la construcción de la carretera Tupilco, ya que el mar destruyó la vía actual. La obra proyectada Paraíso-Sánchez Magallanes por el gobierno de Javier May forma parte de un trabajo conjunto. En su visita a la comunidad, llevó brigadas médicas y atendió demandas de apoyo.

f) El martes 22 del mes pasado escribimos: “En el control de daños del gobierno federal y Morena, ante las indagaciones sobre la cercanía del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con el jefe del cártel de Jalisco, Mayo Zambada, se evaluaba si debía ser ratificado o empujado a solicitar licencia”. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum ha evaluado junto con su equipo que el costo político es demasiado alto. El destino de Rocha Moya ya está trazado: dejará la gubernatura.

g) Nos puedes leer en los portales de Panorama Sin Reservas y escuchar a Roberto Carrera y Alex Huerta en el cuadrante 6:20 AM.

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