Internacionales
Pedro Castillo pide su libertad y asegura que está en prisión por “venganza política”

El exmandatario peruano Pedro Castillo dijo que su prisión preventiva es injusta, “una venganza política”, y pidió su libertad durante la audiencia de apelación que solicitó su defensa contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de arresto por intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto.
“Pido que se reflexione y se vea como esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”, dijo Castillo desde prisión al intervenir remotamente en la audiencia.
El exmandatario permanece arrestado desde el 7 de diciembre, cuando fue detenido tras anunciar en un discurso la disolución del Congreso, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente, lo que ha sido interpretado mayoritariamente como un fallido intento de golpe de Estado.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dictó el pasado 15 de diciembre la prisión preventiva contra Castillo tras señalar que había encontrado “fundados elementos de convicción” de la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Este miércoles, el expresidente afirmó que “jamás” ha cometido un delito de rebelión, que no se ha levantado en armas y que tampoco ha llamado a levantarse en armas a nadie.
“Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más 30 peruanos es el actual Gobierno”, señaló respecto a las 28 víctimas que han fallecido en protestas ocurridas en el país las últimas semanas.
En dichas protestas, que comenzaron tímidamente el mismo 7 de diciembre y se extendieron a distintos puntos del país el 11, los manifestantes tienen distintas reclamación que incluyen su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria de una asamblea constituyente.
“Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi Gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia (destitución) y otras artimañas”, consideró.
Castillo pidió que cese el odio y solicitó su libertad porque es “un justo derecho”.
También dijo que hasta la fecha está incomunicado y que no ha tenido acceso telefónico para llamar a su familia y solicitó que se le da la oportunidad de poder hablar con sus padres y familia.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú revisa este miércoles el recurso de apelación que presentó Castillo contra la resolución judicial que ordenó 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra.
En la audiencia, la defensa del expresidente, Wilfredo Robles, expuso que los argumentos de la Fiscalía son “desproporcionados” y que muestran faltas de concreción y defendió que este abandone la prisión y siga las investigaciones en su contra con una medida de comparecencia con restricciones.
Internacionales
Donald Trump ordena implementar la pena de muerte en Washington D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum dirigido a la fiscal general, Pam Bondi, y a la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, en el que instruye la implementación “plena” de la pena de muerte en la capital estadounidense. La medida revierte la abolición de la pena capital en Washington D.C., vigente desde 1981, y busca responder a lo que la administración califica como un aumento de la criminalidad en la ciudad.
Según el memorándum, los fiscales federales deberán buscar la pena de muerte en todos los casos apropiados bajo la legislación federal, particularmente en delitos graves como homicidios y asesinatos de agentes de policía. Además, se indica que ejercerán jurisdicción federal para garantizar la aplicación de la pena capital, en lo que la administración Trump considera una acción necesaria para mantener la seguridad.
La decisión ha generado un amplio debate. Expertos legales y organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por la posible violación del derecho de autogobernanza de Washington D.C., cuya población ha rechazado la pena de muerte en referendos anteriores. También se cuestiona el impacto de esta medida sobre las normas legales y la autonomía local.
Esta acción forma parte de una serie de iniciativas del gobierno de Trump para expandir el uso de la pena de muerte a nivel federal, incluyendo la reactivación de ejecuciones federales tras la pausa durante la administración de Joe Biden. La medida consolida un cambio significativo en la política criminal de la capital estadounidense y promete generar un intenso debate jurídico y político en los próximos meses.