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Pechuga de pollo se vende hasta en 162 pesos

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¿Tienes ganas de hacer unas enchiladas o unas tostadas de tinga? Pues deberías de pensarlo dos veces, debido a que el kilo de pechuga de pollo ha alcanzado hasta los 162 pesos, anunció la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), eso en su precio máximo registrado en la República mexicana.

De acuerdo con el ‘¿Quién es quién en los precios?’, el kilo de pechuga de pollo ha sobrepasado los 150 pesos, aunque en varía según las urbes, por ejemplo: en la Ciudad de México, el costo máximo registrado fue de 125 pesos por una pechuga con hueso y con piel, mientras que el mínimo fue de 67 pesos.

Aunque si lo capitalinos buscan una pechuga sin hueso y sin piel, les puede costar hasta 148 pesos el kilo; algo bastante similar al filete de pechuga, que alcanzó los 143 pesos durante este miércoles.

Mientras que en Guadalajara, el precio máximo fue de 132 pesos y el mínimo en 85. Para este miércoles, el sistema de Profeco no ofreció el costo del kilo de pechuga en Monterrey, aunque sí dio el precio de la pierna de pollo, mismo que osciló entre los 65 y los 75 pesos.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, perteneciente a la Secretaría de Economía (SE), reveló los costos que tuvo el kilo de pollo en los principales centros de distribución del país: en la Ciudad de México, la frecuencia fue de 87 pesos para el kilo de pollo.

De acuerdo con el mismo sistema de datos, el pollo es uno de los productos más golpeados por la inflación, ya que el pollo entero tuvo un incremento del 27 por ciento en su costo anual durante 2021, eso quiere decir que el consumidor tuvo que pagar 12 pesos extra para adquirirlo.

Recordemos que productos como el limón y el aguacate han tenido un alza considerable durante los primeros días del 2022, situación que ha llevado a los clientes a buscar otras opciones o, de plano, no consumirlos.

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ONGs alertan riesgos a proyectos sociales y piden diálogo con autoridades

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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre posibles riesgos para la continuidad de diversos proyectos sociales, por lo que hicieron un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Bienestar para establecer un diálogo abierto.

De acuerdo con las ONGs, ciertas disposiciones administrativas y fiscales podrían afectar la operación de programas comunitarios, impactando directamente a poblaciones vulnerables que dependen de estos apoyos.

Ante esta situación, solicitaron mesas de trabajo con las autoridades para revisar las medidas y buscar soluciones que permitan garantizar la continuidad de sus actividades.

Las organizaciones subrayaron la importancia de fortalecer la colaboración entre gobierno y sociedad civil, con el fin de mantener el impacto positivo de los proyectos sociales en distintas regiones del país.

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