La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del T-MEC solicitó al gobierno de México una respuesta ante una denuncia de organizaciones ambientalistas sobre el proyecto “Tren Fantasma” en Sonora. Estas organizaciones, el Centro para la Diversidad Biológica y el Centro Mexicano para la Defensa del Ambiente (CEMDA), afirman que el proyecto se inició sin la manifestación de impacto ambiental ni las autorizaciones legales, lo cual incumpliría la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Las organizaciones sostienen que el tren atravesaría un Área Natural Protegida en Rancho El Aribabi, un hábitat crítico para especies en peligro como el jaguar y el ocelote, y generaría fragmentación en la biodiversidad local. El impacto se agravaría al unirse a los daños ya causados por la construcción de una autopista en 2016 en la misma área, lo que ya ha aislado a varias especies en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, conocida como las Islas del Cielo Madrenses.

El Secretariado de la CCA confirmó el cumplimiento de los criterios de la denuncia y solicitó a México que informe sobre las medidas legales adoptadas para proteger la zona afectada y responder a los cuestionamientos sobre el proyecto ferroviario. México tiene un plazo de 60 días para presentar su respuesta oficial ante el Secretariado, como establece el artículo 24.27 del T-MEC.

El Rancho El Aribabi es un sitio de conservación con una gran diversidad biológica que alberga especies amenazadas, como el murciélago rojizo occidental y la tortuga pecho quebrado de Sonora, junto a otros mamíferos y aves endémicas. Las organizaciones han destacado la falta de atención en el impacto que el proyecto tendría en esta región crucial para la biodiversidad de la Sierra Madre Occidental.

El proyecto “Tren Fantasma” sigue bajo escrutinio de la CCA y de activistas, quienes esperan que México tome medidas efectivas para evitar daños irreparables a este ecosistema. La Comisión enfatizó su compromiso de monitorear las acciones del gobierno mexicano para garantizar la protección de los hábitats y la aplicación de la normativa ambiental del país.