La crisis humanitaria que ha traído consigo el programa “Permanecer en México” llegó a las puertas del Tribunal Supremo de EE.UU. con la protesta de organizaciones que piden el fin de esta política “racista” que “pone punto y final a los derechos humanos” en la frontera.

“¡Sí se puede!”, coreaban en español los asistentes, la mayoría de ellos miembros de alguna de las 50 organizaciones para la defensa de los migrantes que habían convocado la protesta. Sobre un escenario adornado con flores y carteles, la cantante haitiana Sherlee Skai le puso acento criollo a la consigna (“Wi nou kapab”).

Lindsay Tozcylowski, directora ejecutiva del Centro Legal de Defensores del Inmigrante (ImmDef), definió que la principal instancia judicial del país estudia ahora si se debe mantener.

Tozcylowski habló así desde el escenario durante la concentración celebrada frente a las escaleras del tribunal antes del inicio de los argumentos orales en el caso sobre la eliminación de los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), que obligan a muchos solicitantes de asilo a esperar la resolución de su caso en México.

El presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió en su campaña electoral a eliminar este programa y así lo hizo en junio de 2021, pero un juez de Texas ordenó restituirlo. El Supremo debe decidir ahora si da la razón al juez o permite a la Administración Biden poner fin a esta política.

Una de las historias más aplaudidas fue la de Ray Rodríguez, un migrante cubano que tuvo que esperar diez meses en la región de Matamoros mientras se procesaba su solicitud de asilo.

“Durante mi tiempo en la ciudad fui testigo de mucho sufrimiento. Las personas están siendo secuestradas y sufren violencia por parte de los carteles y por parte de la Policía corrupta”, denunció.

También recriminó a la Administración Biden no haber hecho más por eliminar el protocolo, ya que, en su opinión han tenido tiempo de sobra para prepararse.

Varios de los portavoces compartieron duras historias de migrantes atrapados en México mientras se procesaba su solicitud, como la de Lisbet, que “fue violada repetidamente por un policía mexicano, o Yeri, que durmió junto a un cadáver durante tres días en un centro de detención en Ciudad Juárez”.

“Hay numerosos casos documentados de mujeres que han experimentado trauma, abusos sexuales, y más”, explicó a Efe la directora del Programa de Derechos y Justicia para Migrantes de la Comisión para las Mujeres Refugiadas (WRC), Katharina Obser.

Obser teme que de seguir en vigor este programa el número de casos no hará más que aumentar.

Linda Corchado, directora ejecutiva interina de la organización Las Américas, que se dedica a dar asistencia a los migrantes que cruzan la frontera en El Paso, no le sorprende que México no pueda ofrecer una acogida segura a los refugiados que buscan llegar a Estados Unidos.

“Tenemos clientes que han sido torturados, violados, secuestrados, en una sociedad que en muchos sentidos ya ha fallado. Representamos a solicitantes de asilo, así que entendemos los fallos institucionales que plagan a México”, señalo la directora.

Corchado cree que este tipo de políticas duras con la migración no evitan escenas como las vividas hace unos meses cuando miles de migrantes haitianos se hacinaban bajo un puente de Texas mientras se procesaban sus solicitudes de asilo.

“La disuasión nunca funciona. Si permanecen en México sufrirán crímenes violentos, y muchos, por desesperación, intentarán cruzar a Estados Unidos por medios no convencionales”, explicó.

En el mismo sentido, Obser advirtió que las políticas migratorias de Donald Trump (“Permanece en México” y el Título 42, que será revocado a finales de mayo a pesar de haber sido usado por la Administración Biden para resolver la crisis de los migrantes haitianos) solo sirven para crear “daño, caos” y tapones en la frontera.

No funcionan para prevenir la migración, porque quienes intentan entrar al país no lo hacen por las políticas de asilo sino porque no tienen otra opción.