La jueza del tribunal de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, otorgó este lunes el beneficio de libertad condicional, por un término de cuatro años, al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien regresó el 27 de febrero a Colombia deportado de Estados Unidos tras cumplir una condena de ocho años de cárcel por narcotráfico.

En la audiencia, realizada en Bogotá, de acuerdo con lo solicitado por la defensa de Mancuso para poder cumplir con la designación de su rol de gestor de paz, la jueza determinó además que Mancuso deberá comprometerse a la no repetición de los graves delitos por los que se le investiga, presentarse cada tres meses ante el juzgado y no visitar departamentos del país en donde se registraron los crímenes por los que ya ha sido condenado o tiene procesos pendientes y no salir del país.

Mancuso no podrá portar armas y deberá cumplir con el esclarecimiento de la verdad y garantizar la indemnización de las víctimas de acuerdo a su nuevo rol como gestor de paz, añadió la jueza.

En caso de incumplir cualquiera de estos compromisos, advirtió Zamora, Mancuso deberá cumplir de inmediato una de las penas más altas pendientes que, según el Tribunal de Justicia y Paz, es de 40 años. Salvatore Mancuso, quien estuvo presente de manera virtual en la audiencia desde la cárcel La Picota —en donde se encuentra recluido—, dijo entender y aceptar las condiciones impuestas por la jueza.

Sobre Mancuso pesan varios casos que fueron unificados, y entre los delitos se destacan el de homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, tortura en persona protegida, secuestro simple, acceso carnal violento en persona protegida, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, violación de habitación ajena, amenazas, actos sexuales violentos en persona protegida, prostitución forzada, tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, aborto sin consentimiento y secuestro extorsivo, según la sentencia.

Mancuso tiene otras cuentas pendientes con la justicia colombiana, entre ellas una acusación de abril de 2023 de haber cometido 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Entre ellos, contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos. Mancuso aún no ha negado o confirmado su responsabilidad o participación en estos delitos.

Además de estas acusaciones en el Tribunal de Justicia y Paz, el Tribunal Superior de Bogotá imputó a Mancuso por 1.153 incidentes delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En estos figuran 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados. La Fiscalía también imputó a Mancuso por las masacre de El Aro, La Granja y Pichilín. Al igual que en las anteriores acusaciones, Mancuso no ha negado o confirmado ante las autoridades su participación o responsabilidad en estos graves hechos.

En 2023, el presidente Gustavo Petro decidió nombrar a Mancuso como “gestor de paz” para que ayude en la llamada política de “Paz Total” del Gobierno y ayude al esclarecimiento de la verdad, la no repetición y la ubicación de los cuerpos de las víctimas de los grupos paramilitares.

En una carta escrita después del anuncio de Petro en julio de 2023, publicada por varios medios de comunicación, Mancuso dijo que es su “convicción de contribuir con la agenda de la paz total”.

“Estoy listo y a la espera de que el gobierno nacional indique la ruta para cumplir las tareas asignadas”, escribió Mancuso, quien dijo estar a disposición de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz para continuar los procesos de diálogo en esta materia.