El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, presentó una iniciativa para combatir el delito de extorsión que afecta especialmente a comercios. La estrategia incluye reformas al Código Penal, campañas informativas y un modelo de atención para víctimas. La extorsión en la modalidad de “gota a gota”, que implica préstamos con intereses abusivos y amenazas, ha afectado gravemente a pequeños negocios, provocando cierres y endeudamiento.

Las reformas propuestas serán enviadas al Congreso local y buscan endurecer las penas por extorsión, aumentando el tiempo de prisión de 10 a 15 años. Además, se crearán artículos específicos en el Código Penal para clasificar claramente la extorsión y la cobranza ilegítima, impidiendo la libertad bajo fianza para los responsables. La nueva normativa permitirá a las autoridades actuar sin necesidad de que las víctimas presenten denuncias formales, agilizando así la respuesta ante estos delitos.

Como parte del apoyo a los negocios, la iniciativa incluye la instalación de botones de pánico, cámaras de seguridad y el programa “Policía en mi Negocio”, que intensificará la vigilancia en áreas comerciales vulnerables. Asimismo, se lanzarán talleres y pláticas para capacitar a comerciantes sobre cómo actuar ante extorsiones y coordinarse con las autoridades. La campaña informativa “Juntas y juntos contra la extorsión” se difundirá ampliamente en las zonas más afectadas.