Nacionales
Investigan un posible hackeo a la Consejería Jurídica, exigen un rescate por 313 GB de datos
El gobierno mexicano investiga un presunto ciberataque a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en el que un grupo llamado RansomHub habría sustraído 313 gigabytes de información sensible. Según el sitio Cybernews, el grupo publicó una muestra de los datos en la Dark Web y exigió un rescate con plazo de 10 días para evitar la divulgación de archivos confidenciales.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que está a la espera de un informe oficial sobre el incidente, aunque no se han revelado detalles sobre la magnitud del ataque. Entre la información hackeada podrían encontrarse contratos gubernamentales, datos financieros y personales de empleados de la oficina, que maneja temas legales no penales del gobierno.
El incidente recuerda otro caso en enero pasado, cuando datos personales de 263 periodistas acreditados en actividades presidenciales fueron filtrados. En esa ocasión, la información fue obtenida utilizando la contraseña de un exempleado, lo que generó críticas sobre las medidas de ciberseguridad del gobierno.
El uso de ransomware, una táctica común en ciberataques recientes, implica el bloqueo o robo de datos sensibles para exigir rescates monetarios. Las autoridades investigan el alcance del ataque y las posibles vulnerabilidades que pudieron ser explotadas, mientras aumenta la preocupación sobre la protección de información gubernamental crítica.
Un caso de presunto maltrato animal provocó indignación entre habitantes del fraccionamiento Piedra de Agua, en Umán, Yucatán, luego de que una mujer señalada como catequista fuera acusada de haber envenenado a dos perros y un gato.
De acuerdo con versiones difundidas por vecinos, cámaras de videovigilancia habrían captado el momento en que la mujer proporcionó alimento a los animales, que posteriormente presentaron afectaciones y murieron. Los cuerpos fueron levantados por personal del Servicio Veterinario Forense de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
Tras conocerse el caso, vecinos y activistas se concentraron frente al domicilio de la señalada para exigir justicia. Durante la protesta fueron realizadas pintas en las paredes del inmueble con mensajes de rechazo al maltrato animal.
Según los reportes, al ser confrontada por habitantes del fraccionamiento, la mujer habría reconocido su participación en los hechos. El Ayuntamiento de Umán informó que se presentó una denuncia penal para que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde ciudadanos y organizaciones defensoras de los animales exigen que los hechos sean esclarecidos y, de comprobarse el delito, se aplique la sanción establecida en la legislación de Yucatán.
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