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Nacionales

Investigan un posible hackeo a la Consejería Jurídica, exigen un rescate por 313 GB de datos

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El gobierno mexicano investiga un presunto ciberataque a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en el que un grupo llamado RansomHub habría sustraído 313 gigabytes de información sensible. Según el sitio Cybernews, el grupo publicó una muestra de los datos en la Dark Web y exigió un rescate con plazo de 10 días para evitar la divulgación de archivos confidenciales.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que está a la espera de un informe oficial sobre el incidente, aunque no se han revelado detalles sobre la magnitud del ataque. Entre la información hackeada podrían encontrarse contratos gubernamentales, datos financieros y personales de empleados de la oficina, que maneja temas legales no penales del gobierno.

El incidente recuerda otro caso en enero pasado, cuando datos personales de 263 periodistas acreditados en actividades presidenciales fueron filtrados. En esa ocasión, la información fue obtenida utilizando la contraseña de un exempleado, lo que generó críticas sobre las medidas de ciberseguridad del gobierno.

El uso de ransomware, una táctica común en ciberataques recientes, implica el bloqueo o robo de datos sensibles para exigir rescates monetarios. Las autoridades investigan el alcance del ataque y las posibles vulnerabilidades que pudieron ser explotadas, mientras aumenta la preocupación sobre la protección de información gubernamental crítica.

Nacionales

Artesanas indígenas denuncian adeudo de más de 572 mil pesos de diseñador chiapaneco

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Chiapas.— Un grupo de 14 artesanas indígenas de Aldama denunció al diseñador tzotzil Alberto López Gómez, creador de la marca Kuxul Pok, por un presunto adeudo de 572 mil 800 pesos correspondiente a prendas elaboradas por ellas.

De acuerdo con la denuncia de las artesanas, durante años habrían confeccionado huipiles, rebozos, blusas, bufandas y otras piezas textiles para pedidos y proyectos de la marca, bajo el acuerdo de recibir el pago correspondiente después de su comercialización. Sin embargo, aseguran que parte del trabajo no les fue pagado.

El caso fue llevado ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas y, según información difundida sobre el proceso, un inmueble relacionado con el diseñador fue asegurado como parte de las diligencias para garantizar la reparación del daño reclamada.

Las artesanas han manifestado que buscan recibir un pago justo por su trabajo y alcanzar un acuerdo que permita resolver el conflicto. Hasta que las autoridades concluyan el procedimiento, las acusaciones contra el diseñador deberán considerarse señalamientos sujetos a investigación.

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